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Fiscal de alta complejidad incluye caso de departamentos Manitoba en formalización de abogado municipal

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Persecutor Héctor Leiva imputó por prevaricación a Christian Águila y agregó que la actuación del profesional generó un perjuicio económico a la municipalidad por más de $12 millones. Defensa mantiene inocencia del actual funcionario del Departamento de Educación.

PLAZO.- El fiscal Leiva (a la derecha) tiene un plazo de dos meses para acotar la investigación y definir si lleva a juicio a Christian Águila (a la izquierda) por el delito que le imputó. La indagatoria la lleva adelante la PDI.

El fiscal de jefe de la Alta Complejidad del Ministerio Público en La Araucanía, Héctor Leiva, formalizó por prevaricación al abogado de la municipalidad, Christian Águila. Esto, en el contexto del caso generado en la infracción cursada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) al empresario inmobiliario José Miguel Martabid, quien solicitó un permiso de construcción por una casa de 260 metros cuadrados y terminó edificando una obra de más de 3000 metros cuadrados. El hecho fue denunciado por la directora de Obras de la época, Lorena Fuentes, luego de que Águila llegara a un acuerdo en el Juzgado de Policía Local (JPL) que —según Fuentes— favorecía más a la parte denunciada que a la misma municipalidad. Pero a esto, el fiscal Leiva le agregó un acuerdo similar en el que el abogado también, según la posición de la fiscalía, habría favorecido a la empresa Manitoba (del consorcio Martabid), la que fue multada por el desvío de un canal en la construcción de unos departamentos a pocas cuadras de Variante Internacional.

Según el fiscal Leiva, en el primer hecho (el avenimiento por la casa), el profesional que ahora se desempeña en el Departamento de Educación Municipal, llegó a un acuerdo con los abogados de Martabid “improcedente e irregular” que implicó, incluso, un perjuicio económico a la municipalidad. “Lo propuesto y convenido por el imputado fue improcedente e irregular, toda vez que la construcción en cuestión no solo infringió lo autorizado por la Dirección de Obras Municipales de Pucón en cuanto a los metros cuadrados que supuestamente tendría la edificación y vulneró la normativa urbanística vigente al exceder el porcentaje de uso de la ocupación del suelo del cinco por ciento de lo permitido, sino que además generó un perjuicio económico al referido municipio, ya que por el permiso de edificación número 102, único vigente a la fecha de construcción, el señor Martabid pagó la suma de $644.943 que correspondía a los 262,91 metros cuadrados, pero la construcción efectivamente realizada correspondía que efectuara un pago de $12.493.350, sin perjuicio de las multas”, explicó el fiscal Leiva en la audiencia telemática realizada la mañana de este viernes 25 de septiembre. El acuerdo, por cierto, fue dejado posteriormente sin efecto por el juez del Juzgado de Policía Local (JPL) de Pucón, ya que lo consideró “contrario a derecho”.

El canal desviado

Sobre el segundo hecho, el persecutor explicó el contexto que apuntaba a que en febrero de 2019, el mismo Águila presentó en el concejo municipal un convenio con la empresa Manitoba que apoyaba la construcción de un complejo de departamentos destinados a la vivienda social y clase media. Leiva explicó que en abril de ese año, funcionarios de la DOM fiscalizaron la obra y la infraccionaron por intervenir un canal sin los permisos correspondientes de la Dirección General de Aguas (DGA). Esta causa, por cierto, también llegó a una audiencia en el JPL en el que Águila y los abogados de la empresa llegaron a un acuerdo, calificado por el fiscal como “improcedente”, en el que Manitoba se comprometía a no intervenir el canal mientras no se obtengan los permisos correspondientes y se estableciera un protocolo con la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente (Daoma) de la municipalidad. 

“Dicho acuerdo, pese a ser improcedente en esta etapa procesal y contraria a los intereses municipales, toda vez que el canal en cuestión ya había sido intervenido y tal protocolo de intervención acordado con la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente no era el trámite administrativo procedente, fue aceptado y coordinado por el imputado Águila González, siendo en definitiva por el juez subrogante”, sostuvo Leiva.

El persecutor agregó que en una audiencia posterior, el 26 de junio de 2019, el abogado Águila, en los hechos, ratificó el acuerdo y explicó en el JPL —según la versión de la fiscalía— que la empresa no había intervenido el cauce del canal: “Nuevamente lo propuesto y convenido por el imputado fue improcedente e irregular, toda vez que la empresa denunciada ya había intervenido el cauce en cuestión sin obtener los permisos de las entidades respectivas porque la infracción ya había sido cometida, lo que había sido constatado por la Dirección de Obras Municipales e evidenciado en el expediente respectivo”.

En este contexto Leiva solicitó al Juzgado de Garantía de Pucón la medida cautelar de arraigo nacional en contra del abogado, quien también es investigado por manejar en estado de ebriedad en horario de toque de queda; lo que fue aceptado por la defensa. El tribunal, además otorgó un plazo de dos meses de investigación; período en el cual el Ministerio Público deberá reunir las pruebas para un eventual juicio oral en el que se definirá la inocencia o culpabilidad del abogado y uno de los asesores más cercanos al alcalde Carlos Barra. También la fiscalía podría dar la posibilidad de un procedimiento abreviado e, incluso, no perseverar si considera que la evidencia recolectada por la PDI no es sólida para mantener la imputación.

Manuel Ibarra, abogado defensor del imputado, mantuvo la posición de inocencia de su representado e hizo foco en que el delito (prevaricación) no está entre los que debería investigar una Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) como la que lidera Héctor Leiva. “Llama la atención de que este delito sea conocido por la Fiscalía de Alta Complejidad siendo que por un propio instructivo del fiscal nacional este delito no estaría inmerso en los delitos de especialidad, ya que los delitos de alta complejidad relacionados con el tema aparecen solamente en la prevaricación judicial y la prevaricación administrativa, pero este delito de prevaricación de abogado no está en ningún caso”, explicó Ibarra, un experto en derecho penal de la capital. El profesional, además, agregó: “Los hechos que se comunicaron hablan de que la municipalidad habría sufrido algún perjuicio respecto a la actuación de nuestro representado lo que es absolutamente falso, ya que la municipalidad aplica multas o sanciones, si se revocó el avenimiento, la municipalidad puede en cualquier momento puede cobrar esa multa”. Ibarra sostuvo que lo más probable es que la fiscalía desista de la imputación.

La audiencia completa

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Fiscalía y municipalidad de Pucón inician arremetida judicial en contra de la denominada “banda del chivo”

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El jefe local del Ministerio Público local, Jorge Calderara, pidió audiencia para formalizar cargos a ocho personas, quienes han sido denunciadas por actos reñidos con la moral realizados en las calles del casco histórico de la comuna. Uno de ellos ya está en prisión preventiva por un robo cometido en la madrugada de este martes en un local del centro.

CAUTELARES.- La idea, según se explicó, es poder solicitar medidas cautelares que permitan sacar al grupo de las calles de Pucón. La incómoda situación se alarga desde inicios del último verano.

La verdad es que han sido noticia, prácticamente, durante todo el verano. Denuncias por ataques en restaurantes, acciones que ofenden la moral (como defecar y tener sexo en la calle) y, últimamente, maltrato animal por los eventuales daños en contra de un chivo que pasean en un carro de supermercado y un perro que pintaron con spray. Se trata del grupo de indigentes que pernoctan y deambula en calles y sitios céntricos de Pucón. Y en las últimas semanas se han gestado una serie de movimientos a nivel de tribunales con el objetivo de plantear alguna solución para este grupo (la “banda del chivo” por el caprino que poseen) del que se han quejado turistas, comerciantes, vecinos y autoridades. Y esto pasa, inicialmente, por una querella que puso la municipalidad por maltrato animal y ofensas al pudor. Pero no es lo único el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, anunció que solicitó una audiencia de formalización de cargos por los mismos delitos en contra de ocho personas. Es decir, prácticamente, la totalidad de la banda. También la concejala Verónica Castillo ya había realizado una denuncia en Carabineros a mediados de marzo.

“Es un grupo de personas que durante los meses de enero, febrero y marzo se han dedicado a realizar desórdenes públicos en distintos puntos de nuestra comuna. Estas personas que se denominan en situación de calle y que han sido vistas por muchas personas realizando conductas ofensivas, ya sea orinando o defecando en presencia de todas las personas que transitan por el sector céntrico de Pucón dañando algunos locales comerciales o recintos bancarios y llevando entre ellos animales que han maltratado, entre ellos un animal caprino y un perro y efectuando distintas conductas como el amenazar a algunos transeúntes”, sostuvo Calderara.

El abogado persecutor agregó: “Todo ello ha llevado a que la fiscalía de Chile presentara un escrito solicitando audiencia de formalización en contra del imputado Patricio Alarcón y para siete personas más que forman parte de este grupo pidiendo al juez de garantía que fije una audiencia para formular cargos por distintos delitos. Dentro de ellos están desórdenes públicos, maltrato animal, ofensas al pudor, daños simples, amenazas, estafas a un local comercial y todo ello con la finalidad de pedir las medidas cautelares necesarias para que estas personas dejen de realizar estas conductas”.

Patricio Alarcón, quien estará como imputado en esta querella y parte del grupo, ya está detenido y en prisión preventiva. Esto, por un robo ocurrido la madrugada de este martes en el local Lomos y Tuercas del centro de la comuna. Alarcón fue detenido por Carabineros, junto a Martín Durán. Según se supo, una llamada anónima alertó a los uniformados de un robo de un celular en las afueras de la municipalidad. La llamada considerada como “cazabobos” no consiguió su objetivo, y los carabineros pudieron percatarse del robo en el local. El botín conseguido por los delincuentes constaba de algo de dinero, un computador y botellas de alcohol.

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Largas esperas en paso Mamuil Malal marcan Semana Santa en la zona: cierre a las 17 hrs. es todo un problema

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Opiniones cruzadas en torno a la responsabilidad de la decisión de bajar el horario genera incertidumbre. Ocupación hotelera fue a la baja.

CONGESTIÓN.- Largas filas se vieron en ambos lados de la aduana en el paso Mamuil Malal. El temprano cierre de las instalaciones en poco ayudó para agilizar el trámite. (Fotografía Carabineros).

Cuando pasaron algunas horas después de Semana Santa, los gremios y autoridades sacan sus cuentas. Y algunas de ellas no son muy alegres. Uno de los mayores problemas y complicaciones que presentó la zona fueron las largas filas —y muchas horas de espera— para ingresar o salir de Chile por el paso Mamuil Malal, situación que se potenció con el temprano cierre del paso. Esto, porque desde marzo sólo se puede cruzar la cordillera hasta las 17 horas y no hasta las 20 hrs. como lo fue en verano. Y pese a los oficios de la municipalidad y al reclamo de los gremios turísticos para cambiar la disposición, el hecho es que el horario de las cinco de la tarde como tope se mantendrá por un tiempo indeterminado.

“Durante varios años se ha estado trabajando para lograr tener el paso fronterizo Mamuil Malal abierto, incluso, hasta las 12 de la noche en período de verano; de tal manera que el corredor turístico se convierta en una potente vía de ingreso y salida de turistas. Esta medida va absolutamente al contrario de todo lo que se había estado trabajando para alargar la jornada y ahora, finalmente, se restringe la jornada”, argumentó Julio Pablaza, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón. 

Sobre la crisis de este fin de semana que pasó, el dirigente gremial agregó: “Este fin de Semana Santa hubo un tremendo impacto negativo al turismo. Hubo muchos turistas que no pudieron cruzar y que finalmente se quedaron en Argentina. Hubo personas que perdieron sus reservas y dejaron de visitar nuestro destino. Y no sólo se afecta a las comunas de Pucón, Curarrehue y Villarrica. Esto afecta a la región completa”.

El punto es que la municipalidad, a través del Administrador Carlos Olave, ofició al delegado presidencial, José Montalva, para que pueda gestionar un cierre más tarde. Desde la delegación presidencial señalaron que el problema del cierre está relacionado directamente a una decisión de la administración aduanera argentina y que no depende de Chile el asunto. Posición que se contrapone con lo que sostiene el mismo Olave, quien cruzó hacia Argentina el fin de semana y en el lado trasandino consultó y la respuesta, según él, es que el problema es un asunto chileno. 

“Pasé y consulté en la aduana argentina y me señalaron que de parte de Chile habían determinado el horario. Eso me llama la atención y no sé quién está coordinando el cierre más temprano en este momento. Hay una contradicción porque ellos (los argentinos) se habían ajustado al horario que determinó Chile”, explicó Olave.

Baja en las visitas

Sobre el tema de la ocupación hotelera en el fin de semana santo, el presidente de la Cámara de Turismo, Julio Pablaza, sostuvo que hubo cifras dispares entre Pucón centro y el más periférico o rural. Con todo, los números no fueron buenos y las cifras fueron bajas en relación a años anteriores. Pero más allá de eso, el dirigente gremial, nuevamente, pone énfasis en los problemas que presenta el destino cuando aumenta la demanda. 

“Lo importante es qué presentamos en Semana Santa. Qué logramos mostrar a nuestros turistas que llegaron. Finalmente qué tenemos: no funcionó la conificación y tuvimos tacos hasta el cruce a Curarrehue. Son dos o tres kilómetros de congestión para llegar a Pucón, sumado a lo que se demoraron en la aduana (los que venían desde Argentina). Por supuesto que las quejas fueron variadas y múltiples y no presentamos nuestra mejor cara”, sostuvo Pablaza, quien agregó: “El destino debe tener una actitud al turismo. Tiene que estar siempre un paso antes de lo que viene y ver cómo vamos a presentarnos de la mejor manera a los turistas y visitantes. Esto lo tiene que hacer el municipio y los gremios. tenemos que estar atentos a todas estas variables. Creo que quedamos al debe y aún habiendo un buen clima en Semana Santa tuvimos una baja ocupación”.

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Historia repetida en Pucón: PDI captura a prófugo que era buscado por falsificación de dinero e infracción a la Ley de Armas

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El hombre llevaba cerca de dos años en la comuna, hacía una vida normal y residía en un exclusivo condominio. Estaba condenado a más de cinco años en un caso denominado como “casa de papel chilena”. Es el cuarto caso conocido de un evadido de la justicia que es capturado en la comuna desde 2018.

INDAGATORIA.- Los funcionarios de la Bicrim Villarrica realizara un trabajo investigativo de cuatro meses que permitió capturar a Pablo Mallanes la mañana de este lunes.

Pareciera ser que de un tiempo a esta parte hay delincuentes prófugos de la justicia que tienen cierta predilección por ocultarse en Pucón. Pasó en 2018 con un CNI, en 2020 con un participante de uno de los denominados “robo del siglo”; y este verano con un connotado asesino. Y ahora, con uno de los miembros de la —motejada por los medios a raíz de la serie de Netflix española— “casa de papel chilena”. Se trata de Pablo Mallanes Calfucura, quien fue detenido la mañana de este lunes por funcionarios de la PDI, Bicrim Villarrica, en las calles de Pucón. Mallanes estaba prófugo con una condena de cinco años y un día por falsificación de billetes e infracción a la Ley de Armas. 

Según los antecedentes recopilados por este medio, el hombre residía junto a su familia en un exclusivo condominio en Pucón y mantenía actividades normales dentro de la comuna. Es decir, salía de compras, de paseo y hacía deporte, entre otras cosas. Eso, hasta que llamó la atención de los investigadores de la PDI de Villarrica; quienes realizaron un seguimiento por más de cuatro meses y lograron su captura este lunes pasadas las ocho de la mañana, mientras dejaba a sus hijos en un colegio de la comuna; según señalaron testigos que a esa hora se desplazaban por el lugar y se percataron del operativo policial que se gestaba en ese momento.

El subprefecto Yerko Araya, jefe de la Bicrim Villarrica, indicó que el detenido mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, una por el delito de apropiación indebida, y las restantes por los delitos reiterados de falsificación de billetes e infracción Ley de Armas.

“Eludía la justicia manteniéndose en la clandestinidad en un domicilio de un barrio residencial exclusivo de la comuna de Pucón. Al ser detenido, además, se da cuenta a la Fiscalía de Flagrancia por el delito de Infracción a la Ley 18.290 por conducir un vehículo con licencia de conducir falsa”, sostuvo Araya.

Tal como lo señaló el oficial, al momento de su detención, Mallanes presentó una licencia de conducir falsificada, por lo que le fue agregado el cargo de falsificación de instrumento público. Así lo señala el fiscal Carlos Hoffmann, quien controló la detención del hasta hoy prófugo. 

“El imputado contaba con sendas órdenes de detención y además fue sorprendido conduciendo un vehículo con una licencia para conducir falsificada a nombre de otra persona por lo que la fiscalía local de Pucón formalizó investigación por delitos tipificados en la Ley de Tránsito que dicen relación con la falsificación de la licencia y también por la usurpación de identidad, toda vez que la licencia que tenía su fotografía, tenía el nombre de otra persona con domicilio en la región metropolitana”, explicó Hoffmann, quien agregó que el juez de Pucón ordenó que Mallanes ingresara a cumplir las condenas que mantenía por más de cinco años de cárcel.

la historia de la “casa de papel chilena”

La historia del denominado caso de “la casa de papel chilena” dice que en mayo de 2018, Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas, su líder identificado como Pablo Mallanes Calfucura, por los delitos de tráfico de armas y falsificación de dinero en la región Metropolitana. Las diligencias denominadas “Operación Casa de Papel”, lograron las detenciones tras el allanamiento de varios inmuebles de las comunas de Maipú, Puente Alto, Santiago, San Bernardo y Lampa.

Allí, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm., una pistola a fogueo, una pistola calibre 40 mm. un maletín para pistola con encargo por robo, 25 cartuchos, dos cargadores y un vehículo Station Wagon con encargo por robo. Asimismo, se decomisaron más de $18 millones en efectivo, $120 mil en dinero falsificado y 64 monedas de $500 falsificadas. Además de instrumentos para la fabricación de billetes y monedas falsas como computadores, impresoras y papel de impresión.Mallanes se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno, cuando en febrero de 2021, el 5° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 5 años y un día presidio por tráfico ilegal de armas de fuego. Sin embargo, evadiendo todo control, se fugó. Eso hasta este lunes cuando fue detenido por la PDI en Pucón.

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