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Departamentos de Manitoba: la nueva arista que indaga la PDI y la Fiscalía de Alta Complejidad en el Caso Martabid

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Llama la atención de los investigadores la aparición de un listado de potenciales beneficiarios de las unidades habitacionales que incluye a funcionarios municipales, carabineros y personal de Eltit.

El Condominio Caburgua se encuentran tras los denominados “Departamentos Rojos”, cerca de la Variante Internacional.

Si bien hay muchas cosas que están suspendidas o paradas en Chile por el estallido social que partió en octubre, hay otras que siguen su curso. Y entre ellas, las investigaciones policiales y del Ministerio Público. Una de ellas es el denominado “Caso Martabid”, que partió luego de un reportaje de este medio en el que se incluía la denuncia de la ex directora de obras municipales, Lorena Fuentes, en torno a que el abogado de la municipalidad, Cristian Águila, llegó a un acuerdo en el Juzgado de Policía Local (JPL) que favorecía más a un denunciado —el empresario inmobiliario José Miguel Martabid— que a quien denunciaba, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón. Todo esto por una casa que Martabid posee en el sector de Correntoso, la que no cumple —según la propia DOM— con las regulaciones del Plano Regulador Intercomunal (PRI) y tampoco con las ordenanzas locales. De hecho, se levantó con un permiso de 260 mts2 y se terminaron construyendo más de 3000 mts2. Pero a estas alturas no es lo único que se encuentra en la carpeta que maneja la Fiscalía de Alta Complejidad en Temuco. Eso, porque el proyecto de la empresa Manitoba (ligada al Holding Martabid) conocido como Condominio Caburgua también entró en la órbita de la investigación que lleva personal de la PDI en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de Temuco.

De acuerdo a las fuentes consultadas para este reportaje, las miradas de los investigadores apuntan a dos elementos considerados como “relevantes” y de “interés investigativo” en este caso. El primero, el convenio de colaboración firmado por la empresa y la municipalidad en febrero de 2019. El documento, presentado al concejo por el propio abogado Águila, posibilitaba que la empresa interviniera el canal que cruza el proyecto, ubicado tras los denominados “departamentos rojos” en el sector Variante Internacional. El punto es que esto chocaba con los principios de la DOM, que exigía autorizaciones sectoriales para intervenir el canal. En rigor, la interpretación de la indagatoria apunta a que el convenio significaba, de una u otra manera, una especie de “vía rápida” para que la empresa construyera. Si bien el tema no resultó así, debido a que la misma DOM paralizó los trabajos y cursó infracciones, el asunto no deja de hacer ruido.

Lo segundo, que está directamente relacionado con el convenio, es que la municipalidad se comprometía a proporcionar la base de datos que tiene vigente la oficina de Vivienda con los potenciales candidatos a adquirir uno de los 160 departamentos que poseen una cierta regulación en torno a los compradores (deben cumplir con requisitos específicos) y cuyos precios no sobrepasan las 2.000 Ufs ($56 millones). El punto es que, en los hechos, la municipalidad envió un listado de potenciales compradores en el que se incluían a funcionarios municipales, carabineros y empleados de la empresa Eltit.

Esto último fue confirmado en un correo oficial que la misma municipalidad hizo llegar a La Voz… El documento, firmado por la propia jefa de la unidad de Vivienda, Verónica Castro, explica que la información no corresponde a “una lista” propiamente tal, sino que a una especie de base de datos que capte la demanda de familias de clase media residentes en Pucón. “Se hace necesario mencionar que esta oficina en el ánimo de proveer información tendiente a captar demanda de familias de sectores medios cuya residencia sea preferentemente de la comuna, ha enviado a la entidad desarrolladora (Manitoba) algunos listados referenciales de posibles postulantes y/o interesados que serían evaluados desde el ámbito comercial para posibles créditos hipotecarios los que no significa la adjudicación del subsidio habitacional”, se lee en el texto.

En rigor, en el mismo documento se explicita que el “listado” está integrado por más de 300 personas, la mayoría de la misma municipalidad (200), de Carabineros (36) y de Eltit (142). La Voz…, consultó formalmente a la municipalidad bajo qué criterios se había realizado el listado y por qué está lógica de funcionarios de instituciones públicas y empresa privada; y no hacer un llamado abierto a la comunidad; pero no hubo respuesta. Este medio consultó a las jefaturas de Eltit y Carabineros y ambas señalaron no tener mayores antecedentes de ello. Y que si se hizo, fue de manera inconsulta.

Con todo, llama la atención de los investigadores que la municipalidad, primero, entregara una especie de “vía rápida” a la empresa para construir y, posteriormente, les ayudara con la demanda. Por lo mismo, es probable que se investigue en qué otras áreas la municipalidad ayudó a compañías del holding Martabid para la materialización de proyectos u obtención de beneficios.

En tanto, consultados los representantes de la empresa Manitoba por el Condominio Caburgua, señalaron que los requisitos establecidos para los potenciales beneficiarios con los subsidios para optar al proyecto están regulados por la ley y que ellos aún no inician la etapa de comercialización.

La denuncia sobre eventuales listados para este proyecto la hizo el edil RN Julio Inzunza en una reunión de concejo. Consultado el concejal, señaló que aún no se le ha dado respuesta oficial sobre el tema.

Por ahora la indagatoria avanza al ritmo de este tipo de casos: lento por la complejidad y las diferentes aristas que aparecen. Se sabe que se han tomados varias declaraciones a los involucrados y relacionados con el caso, incluyendo al mismo alcalde Carlos Barra, y también a algunos concejales. Todos ellos en calidad de testigos. Sobre la posibilidad de eventuales formalizaciones, aún no hay claridad absoluta sobre el tema. El fiscal a cargo, Héctor Leiva, es conocido por ser minucioso en sus indagatorias. Por lo mismo, en caso de formalizar el caso se estima que lo hará con antecedentes concretos y con el potencial de llegar a un juicio con buenos resultados para la parte persecutora.

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Fiscalía y municipalidad de Pucón inician arremetida judicial en contra de la denominada “banda del chivo”

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El jefe local del Ministerio Público local, Jorge Calderara, pidió audiencia para formalizar cargos a ocho personas, quienes han sido denunciadas por actos reñidos con la moral realizados en las calles del casco histórico de la comuna. Uno de ellos ya está en prisión preventiva por un robo cometido en la madrugada de este martes en un local del centro.

CAUTELARES.- La idea, según se explicó, es poder solicitar medidas cautelares que permitan sacar al grupo de las calles de Pucón. La incómoda situación se alarga desde inicios del último verano.

La verdad es que han sido noticia, prácticamente, durante todo el verano. Denuncias por ataques en restaurantes, acciones que ofenden la moral (como defecar y tener sexo en la calle) y, últimamente, maltrato animal por los eventuales daños en contra de un chivo que pasean en un carro de supermercado y un perro que pintaron con spray. Se trata del grupo de indigentes que pernoctan y deambula en calles y sitios céntricos de Pucón. Y en las últimas semanas se han gestado una serie de movimientos a nivel de tribunales con el objetivo de plantear alguna solución para este grupo (la “banda del chivo” por el caprino que poseen) del que se han quejado turistas, comerciantes, vecinos y autoridades. Y esto pasa, inicialmente, por una querella que puso la municipalidad por maltrato animal y ofensas al pudor. Pero no es lo único el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, anunció que solicitó una audiencia de formalización de cargos por los mismos delitos en contra de ocho personas. Es decir, prácticamente, la totalidad de la banda. También la concejala Verónica Castillo ya había realizado una denuncia en Carabineros a mediados de marzo.

“Es un grupo de personas que durante los meses de enero, febrero y marzo se han dedicado a realizar desórdenes públicos en distintos puntos de nuestra comuna. Estas personas que se denominan en situación de calle y que han sido vistas por muchas personas realizando conductas ofensivas, ya sea orinando o defecando en presencia de todas las personas que transitan por el sector céntrico de Pucón dañando algunos locales comerciales o recintos bancarios y llevando entre ellos animales que han maltratado, entre ellos un animal caprino y un perro y efectuando distintas conductas como el amenazar a algunos transeúntes”, sostuvo Calderara.

El abogado persecutor agregó: “Todo ello ha llevado a que la fiscalía de Chile presentara un escrito solicitando audiencia de formalización en contra del imputado Patricio Alarcón y para siete personas más que forman parte de este grupo pidiendo al juez de garantía que fije una audiencia para formular cargos por distintos delitos. Dentro de ellos están desórdenes públicos, maltrato animal, ofensas al pudor, daños simples, amenazas, estafas a un local comercial y todo ello con la finalidad de pedir las medidas cautelares necesarias para que estas personas dejen de realizar estas conductas”.

Patricio Alarcón, quien estará como imputado en esta querella y parte del grupo, ya está detenido y en prisión preventiva. Esto, por un robo ocurrido la madrugada de este martes en el local Lomos y Tuercas del centro de la comuna. Alarcón fue detenido por Carabineros, junto a Martín Durán. Según se supo, una llamada anónima alertó a los uniformados de un robo de un celular en las afueras de la municipalidad. La llamada considerada como “cazabobos” no consiguió su objetivo, y los carabineros pudieron percatarse del robo en el local. El botín conseguido por los delincuentes constaba de algo de dinero, un computador y botellas de alcohol.

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Largas esperas en paso Mamuil Malal marcan Semana Santa en la zona: cierre a las 17 hrs. es todo un problema

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Opiniones cruzadas en torno a la responsabilidad de la decisión de bajar el horario genera incertidumbre. Ocupación hotelera fue a la baja.

CONGESTIÓN.- Largas filas se vieron en ambos lados de la aduana en el paso Mamuil Malal. El temprano cierre de las instalaciones en poco ayudó para agilizar el trámite. (Fotografía Carabineros).

Cuando pasaron algunas horas después de Semana Santa, los gremios y autoridades sacan sus cuentas. Y algunas de ellas no son muy alegres. Uno de los mayores problemas y complicaciones que presentó la zona fueron las largas filas —y muchas horas de espera— para ingresar o salir de Chile por el paso Mamuil Malal, situación que se potenció con el temprano cierre del paso. Esto, porque desde marzo sólo se puede cruzar la cordillera hasta las 17 horas y no hasta las 20 hrs. como lo fue en verano. Y pese a los oficios de la municipalidad y al reclamo de los gremios turísticos para cambiar la disposición, el hecho es que el horario de las cinco de la tarde como tope se mantendrá por un tiempo indeterminado.

“Durante varios años se ha estado trabajando para lograr tener el paso fronterizo Mamuil Malal abierto, incluso, hasta las 12 de la noche en período de verano; de tal manera que el corredor turístico se convierta en una potente vía de ingreso y salida de turistas. Esta medida va absolutamente al contrario de todo lo que se había estado trabajando para alargar la jornada y ahora, finalmente, se restringe la jornada”, argumentó Julio Pablaza, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón. 

Sobre la crisis de este fin de semana que pasó, el dirigente gremial agregó: “Este fin de Semana Santa hubo un tremendo impacto negativo al turismo. Hubo muchos turistas que no pudieron cruzar y que finalmente se quedaron en Argentina. Hubo personas que perdieron sus reservas y dejaron de visitar nuestro destino. Y no sólo se afecta a las comunas de Pucón, Curarrehue y Villarrica. Esto afecta a la región completa”.

El punto es que la municipalidad, a través del Administrador Carlos Olave, ofició al delegado presidencial, José Montalva, para que pueda gestionar un cierre más tarde. Desde la delegación presidencial señalaron que el problema del cierre está relacionado directamente a una decisión de la administración aduanera argentina y que no depende de Chile el asunto. Posición que se contrapone con lo que sostiene el mismo Olave, quien cruzó hacia Argentina el fin de semana y en el lado trasandino consultó y la respuesta, según él, es que el problema es un asunto chileno. 

“Pasé y consulté en la aduana argentina y me señalaron que de parte de Chile habían determinado el horario. Eso me llama la atención y no sé quién está coordinando el cierre más temprano en este momento. Hay una contradicción porque ellos (los argentinos) se habían ajustado al horario que determinó Chile”, explicó Olave.

Baja en las visitas

Sobre el tema de la ocupación hotelera en el fin de semana santo, el presidente de la Cámara de Turismo, Julio Pablaza, sostuvo que hubo cifras dispares entre Pucón centro y el más periférico o rural. Con todo, los números no fueron buenos y las cifras fueron bajas en relación a años anteriores. Pero más allá de eso, el dirigente gremial, nuevamente, pone énfasis en los problemas que presenta el destino cuando aumenta la demanda. 

“Lo importante es qué presentamos en Semana Santa. Qué logramos mostrar a nuestros turistas que llegaron. Finalmente qué tenemos: no funcionó la conificación y tuvimos tacos hasta el cruce a Curarrehue. Son dos o tres kilómetros de congestión para llegar a Pucón, sumado a lo que se demoraron en la aduana (los que venían desde Argentina). Por supuesto que las quejas fueron variadas y múltiples y no presentamos nuestra mejor cara”, sostuvo Pablaza, quien agregó: “El destino debe tener una actitud al turismo. Tiene que estar siempre un paso antes de lo que viene y ver cómo vamos a presentarnos de la mejor manera a los turistas y visitantes. Esto lo tiene que hacer el municipio y los gremios. tenemos que estar atentos a todas estas variables. Creo que quedamos al debe y aún habiendo un buen clima en Semana Santa tuvimos una baja ocupación”.

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Historia repetida en Pucón: PDI captura a prófugo que era buscado por falsificación de dinero e infracción a la Ley de Armas

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El hombre llevaba cerca de dos años en la comuna, hacía una vida normal y residía en un exclusivo condominio. Estaba condenado a más de cinco años en un caso denominado como “casa de papel chilena”. Es el cuarto caso conocido de un evadido de la justicia que es capturado en la comuna desde 2018.

INDAGATORIA.- Los funcionarios de la Bicrim Villarrica realizara un trabajo investigativo de cuatro meses que permitió capturar a Pablo Mallanes la mañana de este lunes.

Pareciera ser que de un tiempo a esta parte hay delincuentes prófugos de la justicia que tienen cierta predilección por ocultarse en Pucón. Pasó en 2018 con un CNI, en 2020 con un participante de uno de los denominados “robo del siglo”; y este verano con un connotado asesino. Y ahora, con uno de los miembros de la —motejada por los medios a raíz de la serie de Netflix española— “casa de papel chilena”. Se trata de Pablo Mallanes Calfucura, quien fue detenido la mañana de este lunes por funcionarios de la PDI, Bicrim Villarrica, en las calles de Pucón. Mallanes estaba prófugo con una condena de cinco años y un día por falsificación de billetes e infracción a la Ley de Armas. 

Según los antecedentes recopilados por este medio, el hombre residía junto a su familia en un exclusivo condominio en Pucón y mantenía actividades normales dentro de la comuna. Es decir, salía de compras, de paseo y hacía deporte, entre otras cosas. Eso, hasta que llamó la atención de los investigadores de la PDI de Villarrica; quienes realizaron un seguimiento por más de cuatro meses y lograron su captura este lunes pasadas las ocho de la mañana, mientras dejaba a sus hijos en un colegio de la comuna; según señalaron testigos que a esa hora se desplazaban por el lugar y se percataron del operativo policial que se gestaba en ese momento.

El subprefecto Yerko Araya, jefe de la Bicrim Villarrica, indicó que el detenido mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, una por el delito de apropiación indebida, y las restantes por los delitos reiterados de falsificación de billetes e infracción Ley de Armas.

“Eludía la justicia manteniéndose en la clandestinidad en un domicilio de un barrio residencial exclusivo de la comuna de Pucón. Al ser detenido, además, se da cuenta a la Fiscalía de Flagrancia por el delito de Infracción a la Ley 18.290 por conducir un vehículo con licencia de conducir falsa”, sostuvo Araya.

Tal como lo señaló el oficial, al momento de su detención, Mallanes presentó una licencia de conducir falsificada, por lo que le fue agregado el cargo de falsificación de instrumento público. Así lo señala el fiscal Carlos Hoffmann, quien controló la detención del hasta hoy prófugo. 

“El imputado contaba con sendas órdenes de detención y además fue sorprendido conduciendo un vehículo con una licencia para conducir falsificada a nombre de otra persona por lo que la fiscalía local de Pucón formalizó investigación por delitos tipificados en la Ley de Tránsito que dicen relación con la falsificación de la licencia y también por la usurpación de identidad, toda vez que la licencia que tenía su fotografía, tenía el nombre de otra persona con domicilio en la región metropolitana”, explicó Hoffmann, quien agregó que el juez de Pucón ordenó que Mallanes ingresara a cumplir las condenas que mantenía por más de cinco años de cárcel.

la historia de la “casa de papel chilena”

La historia del denominado caso de “la casa de papel chilena” dice que en mayo de 2018, Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas, su líder identificado como Pablo Mallanes Calfucura, por los delitos de tráfico de armas y falsificación de dinero en la región Metropolitana. Las diligencias denominadas “Operación Casa de Papel”, lograron las detenciones tras el allanamiento de varios inmuebles de las comunas de Maipú, Puente Alto, Santiago, San Bernardo y Lampa.

Allí, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm., una pistola a fogueo, una pistola calibre 40 mm. un maletín para pistola con encargo por robo, 25 cartuchos, dos cargadores y un vehículo Station Wagon con encargo por robo. Asimismo, se decomisaron más de $18 millones en efectivo, $120 mil en dinero falsificado y 64 monedas de $500 falsificadas. Además de instrumentos para la fabricación de billetes y monedas falsas como computadores, impresoras y papel de impresión.Mallanes se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno, cuando en febrero de 2021, el 5° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 5 años y un día presidio por tráfico ilegal de armas de fuego. Sin embargo, evadiendo todo control, se fugó. Eso hasta este lunes cuando fue detenido por la PDI en Pucón.

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