En mi infancia los procesos eleccionarios implicaban toda una aventura cargada de emociones, masas de personas desplazándose para emitir su voto por su candidato/a preferido/a, el conteo de votos como un momento de tensión absoluta y las caravanas de celebración resaltando el triunfo de uno/a u otro/a candidato/a le colocaban punto final a un día extenso. Sin duda, eran otros tiempos, en que la política no se había degradado a los niveles que hoy conocemos. Sin embargo, las elecciones de aquella época -anteriores al 2010- tenían un elemento distintivo, las personas inscritas para sufragar tenían la obligación de concurrir a las urnas, dado que, de no hacerlo se exponían a sanciones.
El año 2012 se aprobó una ley que modificó la obligatoriedad de sufragar, transformando el voto en voluntario -el que a mi parecer- terminó por alejar por completo a los electores. No obstante, la normativa introdujo una modificación positiva, pues a partir de aquel momento se consagró el registro electoral automático de las personas que cumplieran con los requisitos para sufragar, de conformidad al ordenamiento jurídico.
El día 4 de septiembre, todos los electores habilitados estamos llamados a votar en el plebiscito de salida bajo la siguiente pregunta, ¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? Lo central de mi carta no pretende influir en una u otra opción. Sin perjuicio, escribo estas líneas para recordar o hacer presente un aspecto de sumo relevante. En el momento en que se acordó este proceso constituyente se contempló como una de las reglas del juego democrático que en el plebiscito de salida el voto sería obligatorio. Lo anterior, se constituye como una excepción a las últimas 10 elecciones -entre elecciones municipales, presidenciales y el plebiscito de entrada- en que el voto voluntario es la regla general.
Lo medular de la obligatoriedad del voto del 4 de septiembre, se encuentra supeditado a las posibles consecuencias a que los electores se arriesgan en caso de no concurrir a emitir su voto. La Constitución vigente en el artículo 142, inciso tercero, señala lo siguiente: “El elector que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales”. Para que usted se forme una idea de a cuánto asciende esta multa le comento que la UTM al mes de agosto, equivale a $58.772 pesos, por ende, la multa a beneficio municipal podría transitar entre $29.386 y $176.316 pesos. A lo anterior, súmele todo el tiempo que usted deberá perder a consecuencia de la denuncia del Servel al Juzgado de Policía Local respectivo.
Recientemente, el presidente del consejo directivo del Servel Andrés Tagle manifestó lo siguiente: “Los que no voten van a ser denunciados todos al juzgado de policía local. La ley no contempla una excusa administrativa ante el Servicio Electoral. Solo hay excusas ante el juez de policía local, quien debe citar a las personas y ahí se pueden excusar.” En ese sentido, el presidente del Servel señaló que los procesos de denuncia podrían tardar entre 3-4 meses, pues en el intertanto deberán ser revisados todos los padrones electorales, verificando las personas que votaron o no, de acuerdo con las firmas registradas.
Dicho lo anterior, me parece relevante destacar que no existe ningún tipo de excusa administrativa válida que permita a una persona, sea con anterioridad o posterioridad al plebiscito, eximirse de votar o de las consecuencias que acarrea la no concurrencia el 4 de septiembre. Al parecer, este es un vacío que debió ser resuelto por el legislador, aunque nada obsta a que con posterioridad al plebiscito y con los números sobre la mesa, exista algún tipo de consideración legal que habilite una instancia administrativa para presentar excusas y así depurar el proceso de denuncias que deberá efectuar el Servel a los Juzgados de Policía Local correspondientes.
Aun con todo, si las personas teniendo o no en consideración la obligatoriedad de la votación del 4 de septiembre no concurren a votar y son denunciadas por el Servel ante los Juzgados ad hoc, el juez que conozca de su causa en la aplicación de la multa o de su exención, habrá de ponderar ciertas premisas de conformidad a la Constitución vigente, a saber: “No incurrirá en esta sanción el elector que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquél en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave”. Los escenarios anteriores, serán debidamente comprobados y apreciados por el Juez que conoce de su denuncia.
Expresada mi principal preocupación y tratando de aportar con la debida publicidad del proceso, le comento además que el día 13 de agosto se dará a conocer por parte del Servel la información de las mesas y locales de votación en que cada uno/a de nosotros/as deberá sufragar. Merece la pena comentar lo anterior, pues en octubre de 2021 se aprobó la ley 21.385 que modificó entre otras normativas la ley 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Dicha normativa establece entre otras cosas, el mandato para que el Servicio Electoral en la designación de las mesas y locales de votaciones, procure a cada uno de los electores el local de votación más cercano al domicilio electoral, facilitando en teoría el proceso eleccionario. Así, por ejemplo, si una persona vive en la Villa Prudencio Mora el local más próximo para su designación parece ser el Complejo Educacional Carlos Holzapfel y no el Liceo Bicentenario Hotelería y Turismo.
Finalizando, espero que este popurrí de información contribuya con el deber que nos asiste el 4 de septiembre y en ese sentido quiero dejarlos con una pequeña reflexión: “Es derecho de toda persona expresar su opinión; la de los electores es una opinión que pesa y debe respetarse”.
Llegó Semana Santa y, como era de esperar, con un error mayúsculo de parte de las autoridades acostumbradas a mirar normas sin considerar el contexto. Quedó en evidencia un fatal cambio de horario de atención de público en el paso fronterizo de Mamuil Malal. Por esta razón, acertadamente, los representantes de los gremios y asociaciones de turismo de la zona lacustre entregaron un oficio dirigido al delegado presidencial, José Montalva, manifestando su descontento con el cambio de horario y pidiendo que se reconsidere esta medida para no afectar la economía local.
El comprensible descontento de los gremios del turismo lacustre se debe al cambio de horario de cierre de la aduana en el paso fronterizo Mamuil Malal, lo que golpea directo al mentón a la industria turística local, ya que la medida va en desmedro del turismo regional y comunal sobre todo durante los fines de semana largo y la temporada invernal.
Porque cuando hablamos de integración entre las provincias de Neuquén y Cautín, significa que debemos establecer coordinaciones entre las partes para optimizar el uso de la infraestructura pública disponible en función del transporte de carga y pasajeros, el tránsito de turistas internacionales y el libre tránsito de los ciudadanos de ambos países hacia el país vecino, ya sea por turismo o por compras de productos, que ha marcado un notable incremento considerando lo crítica que es la situación económica y de altos precios de alimentos en nuestro país.
La medida tomada por las autoridades de Gobierno ha afectado directamente la economía de las familias de Pucón que dependen en un 90% del turismo, y se teme que de no corregirse a la brevedad serán responsables del golpe letal a la economía comunal durante este invierno.
Este error es una contradicción al turismo binacional, integrado, pero de verdad. Tantos encuentros binacionales de integración entre autoridades que finalmente son sólo “juntarse a tomar café y comer galletas” porque después en la acción, no pasa absolutamente nada.
Y para que no se diga que las críticas deben siempre traer una propuesta para apoyar el turismo binacional en la zona lacustre, sugiero algunas acciones urgentes y de corto plazo;
1. Promover el turismo de invierno: se deben realizar campañas de promoción tanto en Chile como Argentina y Brasil, destacando los atractivos turísticos en esta época del año, como los deportes de nieve, las termas, los parques nacionales, la oferta gastronómica y de alojamientos, entre otros. Algo que los empresarios locales extrañan en el rol de promoción que por ley debe realizar Sernatur.
2. Impulsar paquetes turísticos binacionales, especialmente aquellos que contemplen actividades y servicios tanto en Chile como en Argentina, para promover el turismo binacional y ofrecer una experiencia integral a los visitantes. Y en esto x 2 ¿dónde está SERNATUR?
3. Fortalecer la infraestructura turística: una que permita a los visitantes disfrutar de una estadía segura. Esto incluye la mejora de caminos, señalética vial y lógicamente los pasos fronterizos. Esto es urgente todo el año.
4. Fomentar la cooperación entre países: es necesario para promover el turismo binacional. Esto implica establecer acuerdos de colaboración entre las autoridades locales, los gremios turísticos y los empresarios para trabajar en conjunto en iniciativas como ampliar los horarios de los complejos fronterizos y por qué no pensar en una frontera única, donde no se tenga que hacer los trámites dos veces.
Al parecer las autoridades desde el nivel nacional y de La Araucanía no han entendido la realidad que vive el turismo en Chile, las regiones y las comunas, que después de la Pandemia no han logrado recuperarse a las tasas de la década pasada y que están registradas en las estadísticas del INE.
Y si, para variar, ante los problemas todos decimos que con “unidad y fe, las cosas van a mejorar”, que “si tiramos para un mismo lado Pucón se va a levantar”, pero desgraciadamente no basta con afirmaciones lindas, se requiere de decisiones y acciones concretas, de lo contrario no hacernos ilusiones y mejor tomar café y comer galletas, antes que las autoridades se las coman todas.
*Sebastián Álvarez es ex concejal, ex director de Sernatur regional, ex diputado y actual precandidato a la alcaldía por Evópoli y emprendedor gastronómico.
Teniendo absoluta conciencia de los problemas expuestos en la columna del lunes 3 de Abril por la llamada “crisis de las parcelas”, es que hace más de 6 años nos hemos hecho cargo, como profesionales en proponer soluciones concretas varias ya plasmadas en proyectos inmobiliarios de la zona, proyectos que demuestran que es posible hacer parcelaciones cumpliendo los estándares que se necesitan pensando en la sustentabilidad en el largo plazo.
No esperamos la ley, que suele ir más lento que las necesidades, hemos tomado acción, ofreciendo casas terminadas o parcelas, en proyectos con un real compromiso de conservación, reforestación, cuidado y protección de áreas naturales y cursos de agua. Creemos que es posible pensar en la sustentabilidad a largo plazo, educando ambientalmente e involucrando a los propietarios en la implementación de los planes de regeneración y reforestación con especies nativas, para goce de los mismos propietarios y de la comunidad.
Sabemos que es posible proteger además los cauces, esteros y fuentes de agua, incluimos piscinas y lagunas naturales (sin agentes químicos), tratándolas con jardines depuradores y organizar huertas orgánicas, bosques comestibles y protección de fauna nativa, generando intersticios (separación entre parcelas para que cruce la fauna nativa entre las parcelas) y fomentando el no uso de cercos, para facilitar su libre tránsito. Debemos promover el uso de paneles solares y así minimizar el estrés del actual sistema de distribución y darle prioridad a las fuentes energéticas sustentables.
Debemos considerar, además, servicios públicos y privados cercanos a los proyectos para evitar grandes desplazamientos que imponen mayor presión al caos vial que vive nuestra comuna. Creemos que estos estándares son un mínimo para proyectar a Pucón como una fuente habitacional sustentable .
Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de migrar desde las grandes ciudades a Pucón u otras comunas pequeñas, para privilegiar calidad de vida, más tiempo con nuestras familias, gozar de la naturaleza y un entorno sano. No es justo proponer prohibiciones, para quienes en el futuro quieran legítimamente tomar la misma decisión, con propuestas discriminatorias, que usando argumentos medioambientales, plantean: “Yo sí puedo habitar este territorio, pero nadie más”.
De alguna manera todos impactamos el lugar donde vivimos, por lo que debemos aspirar a que ese impacto sea lo más consciente y responsable posible y logremos mitigar y compensar con ideas creativas e innovadoras, que cuiden nuestros recursos naturales e incluso logren reparar nuestro medio ambiente.
Queremos sentar las bases de un nuevo estándar en desarrollo inmobiliario y que ese espíritu se replique en otras áreas como el comercio, la construcción, el turismo, etc. Somos privilegiados y junto a la comunidad y a las autoridades locales, queremos conservar este privilegio para el futuro de todos.
*Fernando Lepe es arquitecto paisajista de la Jhon Brokes University (Inglaterra) y Jaime Graf es ingeniero comercial de la U. de Chile. Ambos fundaron O42, oficina de desarrollo sustentable en Pucón.
El jefe local del Ministerio Público local, Jorge Calderara, pidió audiencia paraformalizar cargos a ocho personas, quienes han sido denunciadas por actos reñidos con la moral realizados en las calles del casco histórico de la comuna. Uno de ellos ya está en prisión preventiva por un robo cometido en la madrugada de este martes en un local del centro.
La verdad es que han sido noticia, prácticamente, durante todo el verano. Denuncias por ataques en restaurantes, acciones que ofenden la moral (como defecar y tener sexo en la calle) y, últimamente, maltrato animal por los eventuales daños en contra de un chivo que pasean en un carro de supermercado y un perro que pintaron con spray. Se trata del grupo de indigentes que pernoctan y deambula en calles y sitios céntricos de Pucón. Y en las últimas semanas se han gestado una serie de movimientos a nivel de tribunales con el objetivo de plantear alguna solución para este grupo (la “banda del chivo” por el caprino que poseen) del que se han quejado turistas, comerciantes, vecinos y autoridades. Y esto pasa, inicialmente, por una querella que puso la municipalidad por maltrato animal y ofensas al pudor. Pero no es lo único el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, anunció que solicitó una audiencia de formalización de cargos por los mismos delitos en contra de ocho personas. Es decir, prácticamente, la totalidad de la banda. También la concejala Verónica Castillo ya había realizado una denuncia en Carabineros a mediados de marzo.
“Es un grupo de personas que durante los meses de enero, febrero y marzo se han dedicado a realizar desórdenes públicos en distintos puntos de nuestra comuna. Estas personas que se denominan en situación de calle y que han sido vistas por muchas personas realizando conductas ofensivas, ya sea orinando o defecando en presencia de todas las personas que transitan por el sector céntrico de Pucón dañando algunos locales comerciales o recintos bancarios y llevando entre ellos animales que han maltratado, entre ellos un animal caprino y un perro y efectuando distintas conductas como el amenazar a algunos transeúntes”, sostuvo Calderara.
El abogado persecutor agregó: “Todo ello ha llevado a que la fiscalía de Chile presentara un escrito solicitando audiencia de formalización en contra del imputado Patricio Alarcón y para siete personas más que forman parte de este grupo pidiendo al juez de garantía que fije una audiencia para formular cargos por distintos delitos. Dentro de ellos están desórdenes públicos, maltrato animal, ofensas al pudor, daños simples, amenazas, estafas a un local comercial y todo ello con la finalidad de pedir las medidas cautelares necesarias para que estas personas dejen de realizar estas conductas”.
Patricio Alarcón, quien estará como imputado en esta querella y parte del grupo, ya está detenido y en prisión preventiva. Esto, por un robo ocurrido la madrugada de este martes en el local Lomos y Tuercas del centro de la comuna. Alarcón fue detenido por Carabineros, junto a Martín Durán. Según se supo, una llamada anónima alertó a los uniformados de un robo de un celular en las afueras de la municipalidad. La llamada considerada como “cazabobos” no consiguió su objetivo, y los carabineros pudieron percatarse del robo en el local. El botín conseguido por los delincuentes constaba de algo de dinero, un computador y botellas de alcohol.