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Una galería de problemas: fiscalía investiga denuncia por falta de dineros y diferencias entre bandos son insalvables
Acusaciones cruzadas y un conflicto que escala día a día es la tónica que se vive en el Pueblito Cultural Artes del Sur ubicado a un costado del gimnasio municipal.
Por Rodrigo Vergara
La historia del grupo partió a fines de la década del 90 cuando algunos de ellos decidieron instalarse en la plaza puconina a pocos metros del lago y del Gran Hotel. Un lugar ideal para la venta de sus artesanías y productos, pero, obviamente, complejo para las autoridades que siempre han tratado de focalizar el comercio en lugares acotados de la ciudad. Idealmente en galerías. Pero el grupo decidió organizarse y aplicar cuotas anuales para juntar dinero y poder optar a un lugar mejor. Y ese “lugar mejor” apareció en el sitio eriazo de un poco más de 800 metros cuadrados que estaba a un costado del gimnasio. La verdad es que fueron visionarios y luego de negociaciones con diferentes autoridades lograron que la municipalidad les cediera el espacio. Así las cosas, si bien la autorización para construir 20 locales, tres baños y un lugar usado de cocina; además de un espacio común en el que se instalaron juegos como taca taca, ping pong y mesas de aire (cuyos ingresos, al igual que el baño, iban a la administración); fue realizada bajo la administración de la alcaldesa del PPD Edita Mansilla, la materialización de la obra fue el año 2012 bajo la alcaldía del actual edil, el RN Carlos Barra.
La agrupación decidió organizarse en un sindicato para gestionar la administración y los recursos que ingresaban a la galería. Como presidente de esa organización fue elegido Miguel Espinoza, junto a un directorio de otras cuatro personas. Desde ahí las relaciones fueron deteriorándose y con el tiempo el grupo se fue dividiendo. Ya en 2016 se dio un proceso de renovación de la directiva y Espinoza salió de su cargo. En su lugar quedó Blanca Godoy y un nuevo directorio acompañada de Arnaldo Núñez como secretario y otras tres personas. Una de las primeras acciones de esta nueva administración fue encargar una auditoría externa la que arrojó, según muestran la propia Blanca Godoy y Arnaldo Núñez a este medio, que, de acuerdo a las actas entre octubre de 2013 y noviembre de 2016, la organización debía tener en caja la suma de $21.132.247. El problema fue que según Núñez, cuando ellos asumieron no habían recursos en la libreta de ahorros del sindicato. La auditoría fue firmada por la contadora Flor María Gutiérrez Pérez, según se lee.
Pero la nueva directiva tuvo poca vida. Ya que, en septiembre de 2017, se realizó un reclamo al Servicio Electoral en contra de Blanca Godoy. Se le acusaba de una serie de situaciones como poco liderazgo y que, en definitiva, no cumplía con las expectativas de la asamblea. Por lo mismo, se realizó una nueva votación en la que asumió Raquel Quezada como presidenta. En abril de 2018 hubo un nuevo proceso electoral en el que, según dice la misma Raquel Quezada, se prefirió que Miguel Espinoza asuma nuevamente el cargo de presidente.
Acusaciones
Según la ex presidenta Blanca Godoy, los problemas que tienen en la galería son principalmente por la fuerte personalidad de Espinoza, a quien acusa de una serie de situaciones complejas. “El problema solamente es Miguel. Él siempre ha sido muy pasador a llevar. Es muy dominante. Él quiere que las cosas se hagan a la pinta de él. Esto se viene arrastrando durante ocho o nueve años. Hay abuso psicológico. Le faltó sólo pegarnos”, dice Blanca Godoy, quien agrega: “Él nunca dejó administrar bien esa galería. Las platas siempre las tuvo él. Siempre las manejó él y los negocios siempre los hizo él. Nosotros siempre fuimos su contraparte”.
Cuando Blanca Godoy habla de “nosotros” se refiere al grupo de siete personas que se oponen a la administración de Espinoza. Uno de ellos es Arnaldo Núñez, quien fue secretario de la presidencia de Godoy y un férreo opositor a la administración de Espinoza.
“Cuando recién ingresé la galería tuve una entrevista con él, y lo primero que me sorprendió fue que él lo primero que me dijo fue ‘aquí el que corta el queque soy yo. Los demás no pasa nada’. Al poco andar me di cuenta que el manejo de todo en la galería solamente lo hacía él y no permitía que nadie más interviniera o figurara”, dice Núñez, quien agrega que el trato del dirigente era, incluso, agresivo: “Siempre estaba amenazando a la gente. Él manejaba toda la información y manipulaba a la gente. A través del sindicato él ejercía todo el poder”.
Núñez explica que cuando asumieron el control de la administración del sindicato en 2016, Miguel Espinoza fue sancionado por ellos por la demora en entregar los documentos y papeles de la administración: “Él no entregó absolutamente nada. No hizo una cuenta o un acta de entrega. Nosotros tuvimos que ir internalizándonos de a poco de la situación”.
Otra situación complicada se gestó luego de que la agrupación ganara un concurso de Sercotec para la construcción de ocho stands al interior de la galería. Según la visión del grupo disidente, la idea era que esos lugares sean ocupados por ocupados por artesanos de otros lugares a modo de intercambio. O sea, un espacio para expositores de otras ciudades y que, a la vez, permitiera a los comerciantes locales de la galería ir a otras ciudades a modo de intercambio. Pero los lugares fueron arrendados, situación que fue rechazada por la municipalidad, el organismo dueño del espacio y el que, en definitiva, les cobra el arriendo a cada uno de los locatarios (0,5 UTM mensual por cada comerciante establecido en el lugar, un poco más de $23.000). Al final los stands tuvieron que ser demolidos y la administración debió devolver los dineros a las personas que ya habían pagados esos arriendos. “Hubo que devolver esas platas. Platas que habían ingresados. Nunca nadie supo de esas platas y tuvimos que poner cuotas extraordinarias que salieron del bolsillo de los socios”, acota Arnaldo Núñez.
Según la versión de Godoy y Núñez, el desorden administrativo los motivó a solicitar la auditoría externa mencionada párrafos más arriba. Y al obtener los resultados decidieron entregar los antecedentes al Ministerio Público, organismo que indaga a través de la PDI el caso.
Rechazan responsabilidades
Este medio se contactó con Miguel Espinoza durante la semana, quien accedió a conversar con La 
“La auditoría está mal hecha porque la hizo una persona que no es idónea. La auditoría la hizo a través de actas. Lamentablemente nosotros como empezamos sin conocimiento. Nadie tenía conocimientos contables sobre cómo llevar un orden de una agrupación en la que se manejaba dinero. Ella se basó sólo en las actas y no en los documentos contables como boletas y facturas. Nosotros encontramos que está mal hecho porque uno, a veces, toma acuerdos y al final (lo que se encuentra en las actas) no es un informe de tesorería”, dice Raquel Quezada.
El mismo Espinoza va un paso más allá y explica que la misma asamblea, posterior a la salida de la directiva liderada por Godoy, resolvió dejar nula la auditoría. “La asamblea resolvió dejar nulo el asunto de la auditoría, que en el fondo es una ‘payasería’ porque de auditoría no tiene nada”, dice Espinoza.
Sobre las acusaciones de malos tratos y matonaje, Espinoza dice: “Acá nunca se ha intentado golpear a alguien porque eso no lo vamos a permitir nosotros. Nosotros tenemos un reglamento interno. Ellos pueden decir muchas cosas y son todas mentiras”.
Contratos
Pero el conflicto pareciera escalar cada día un poco más. Lo último fue que, producto de la salida del sindicato de los siete miembros disidentes, la directiva estableció que el baño interno y la cocina sólo debía ser usado por los socios de la agrupación. Así las cosas, se cambiaron las chapas y un cartel escrito a mano que dice “sólo socios”. Lo anterior, por cierto, genera una incomodidad natural en el bloque disidente. De hecho, parte del grupo de los siete estuvo en el último concejo municipal pidiéndole a los ediles y a la municipalidad que intervenga en este asunto. Lo anterior, debido a que la entidad pública local es la arrendadora del espacio. La decisión de la autoridad fue forzar la apertura, pero hasta el cierre de esta edición eso no se había materializado.
Pero hay otro elemento que puede resultar más complejo. Los 20 integrantes de la galería aún no firman el contrato de arriendo del año 2018. Hay una diferencia trascendental entre el grupo que controla la galería (de 13 locatarios) y la municipalidad. El sector liderado por Espinoza entiende que, si bien los contratos son individuales, la municipalidad debe respetar el reglamento interno que dice que para trabajar en el lugar se debe pertenecer a la organización sindical. Fuentes de la municipalidad explican a La Voz…, que la agrupación no puede poner condiciones a la parte arrendadora. Y que ellos estiman que no es necesario pertenecer al mencionado sindicato para firmar los contratos. Así las cosas, los contratos de los siete disidentes no sindicalizados están listos para ser firmados y es probable que ese trámite se realice esta semana.
Miguel Espinoza, en tanto es tajante en eso. Dice que prefiere desarmar la galería antes que ceder en ese punto. “Quieren cambiarnos las reglas. Acá la cosa es bien clara. O se hace el reglamento como corresponde o se demuele todo esto o se saca”, dice el dirigente, quien agrega otro dato importante: “Esto ya está en la Contraloría. Así que esta cosa va más allá”.
Con todo, el conflicto está en su estado más álgido. La PDI ya realizó las primeras indagaciones sobre la denuncia de los millones faltantes según la auditoría (cuestionada por Espinoza y su grupo y avalada por los siete disidentes). El fiscal jefe de Pucón Jorge Calderara explica los alcances de la investigación.
“Se recibió hace un tiempo una denuncia derivada de este sindicato de artesanos donde la directiva denuncia situaciones irregulares del manejo que habría tenido la anterior directiva (se refiere al primer mandato de Miguel Espinoza) sobre montos asociados a este sindicato que hasta el momento serían alrededor de $21 millones. Lo que estamos haciendo es investigar el destino de esos $21 millones para ver si se trata de malos manejos, de falta de acreditación, de gastos irregulares o derechamente de delitos que si se pueden acreditar a través de las pericias que estamos realizando con la PDI, obviamente llevaremos a algunas personas ante tribunales”, explica Calderara.
El representante del Ministerio Público en Pucón acota, eso sí, que por ahora no se pueden pronunciar acerca de responsabilidades directas en el caso, porque aún están en etapa investigativa.
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Fiscalía y municipalidad de Pucón inician arremetida judicial en contra de la denominada “banda del chivo”
El jefe local del Ministerio Público local, Jorge Calderara, pidió audiencia para formalizar cargos a ocho personas, quienes han sido denunciadas por actos reñidos con la moral realizados en las calles del casco histórico de la comuna. Uno de ellos ya está en prisión preventiva por un robo cometido en la madrugada de este martes en un local del centro.
La verdad es que han sido noticia, prácticamente, durante todo el verano. Denuncias por ataques en restaurantes, acciones que ofenden la moral (como defecar y tener sexo en la calle) y, últimamente, maltrato animal por los eventuales daños en contra de un chivo que pasean en un carro de supermercado y un perro que pintaron con spray. Se trata del grupo de indigentes que pernoctan y deambula en calles y sitios céntricos de Pucón. Y en las últimas semanas se han gestado una serie de movimientos a nivel de tribunales con el objetivo de plantear alguna solución para este grupo (la “banda del chivo” por el caprino que poseen) del que se han quejado turistas, comerciantes, vecinos y autoridades. Y esto pasa, inicialmente, por una querella que puso la municipalidad por maltrato animal y ofensas al pudor. Pero no es lo único el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, anunció que solicitó una audiencia de formalización de cargos por los mismos delitos en contra de ocho personas. Es decir, prácticamente, la totalidad de la banda. También la concejala Verónica Castillo ya había realizado una denuncia en Carabineros a mediados de marzo.
“Es un grupo de personas que durante los meses de enero, febrero y marzo se han dedicado a realizar desórdenes públicos en distintos puntos de nuestra comuna. Estas personas que se denominan en situación de calle y que han sido vistas por muchas personas realizando conductas ofensivas, ya sea orinando o defecando en presencia de todas las personas que transitan por el sector céntrico de Pucón dañando algunos locales comerciales o recintos bancarios y llevando entre ellos animales que han maltratado, entre ellos un animal caprino y un perro y efectuando distintas conductas como el amenazar a algunos transeúntes”, sostuvo Calderara.
El abogado persecutor agregó: “Todo ello ha llevado a que la fiscalía de Chile presentara un escrito solicitando audiencia de formalización en contra del imputado Patricio Alarcón y para siete personas más que forman parte de este grupo pidiendo al juez de garantía que fije una audiencia para formular cargos por distintos delitos. Dentro de ellos están desórdenes públicos, maltrato animal, ofensas al pudor, daños simples, amenazas, estafas a un local comercial y todo ello con la finalidad de pedir las medidas cautelares necesarias para que estas personas dejen de realizar estas conductas”.
Patricio Alarcón, quien estará como imputado en esta querella y parte del grupo, ya está detenido y en prisión preventiva. Esto, por un robo ocurrido la madrugada de este martes en el local Lomos y Tuercas del centro de la comuna. Alarcón fue detenido por Carabineros, junto a Martín Durán. Según se supo, una llamada anónima alertó a los uniformados de un robo de un celular en las afueras de la municipalidad. La llamada considerada como “cazabobos” no consiguió su objetivo, y los carabineros pudieron percatarse del robo en el local. El botín conseguido por los delincuentes constaba de algo de dinero, un computador y botellas de alcohol.
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Largas esperas en paso Mamuil Malal marcan Semana Santa en la zona: cierre a las 17 hrs. es todo un problema
Opiniones cruzadas en torno a la responsabilidad de la decisión de bajar el horario genera incertidumbre. Ocupación hotelera fue a la baja.
Cuando pasaron algunas horas después de Semana Santa, los gremios y autoridades sacan sus cuentas. Y algunas de ellas no son muy alegres. Uno de los mayores problemas y complicaciones que presentó la zona fueron las largas filas —y muchas horas de espera— para ingresar o salir de Chile por el paso Mamuil Malal, situación que se potenció con el temprano cierre del paso. Esto, porque desde marzo sólo se puede cruzar la cordillera hasta las 17 horas y no hasta las 20 hrs. como lo fue en verano. Y pese a los oficios de la municipalidad y al reclamo de los gremios turísticos para cambiar la disposición, el hecho es que el horario de las cinco de la tarde como tope se mantendrá por un tiempo indeterminado.
“Durante varios años se ha estado trabajando para lograr tener el paso fronterizo Mamuil Malal abierto, incluso, hasta las 12 de la noche en período de verano; de tal manera que el corredor turístico se convierta en una potente vía de ingreso y salida de turistas. Esta medida va absolutamente al contrario de todo lo que se había estado trabajando para alargar la jornada y ahora, finalmente, se restringe la jornada”, argumentó Julio Pablaza, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón.
Sobre la crisis de este fin de semana que pasó, el dirigente gremial agregó: “Este fin de Semana Santa hubo un tremendo impacto negativo al turismo. Hubo muchos turistas que no pudieron cruzar y que finalmente se quedaron en Argentina. Hubo personas que perdieron sus reservas y dejaron de visitar nuestro destino. Y no sólo se afecta a las comunas de Pucón, Curarrehue y Villarrica. Esto afecta a la región completa”.
El punto es que la municipalidad, a través del Administrador Carlos Olave, ofició al delegado presidencial, José Montalva, para que pueda gestionar un cierre más tarde. Desde la delegación presidencial señalaron que el problema del cierre está relacionado directamente a una decisión de la administración aduanera argentina y que no depende de Chile el asunto. Posición que se contrapone con lo que sostiene el mismo Olave, quien cruzó hacia Argentina el fin de semana y en el lado trasandino consultó y la respuesta, según él, es que el problema es un asunto chileno.
“Pasé y consulté en la aduana argentina y me señalaron que de parte de Chile habían determinado el horario. Eso me llama la atención y no sé quién está coordinando el cierre más temprano en este momento. Hay una contradicción porque ellos (los argentinos) se habían ajustado al horario que determinó Chile”, explicó Olave.
Baja en las visitas
Sobre el tema de la ocupación hotelera en el fin de semana santo, el presidente de la Cámara de Turismo, Julio Pablaza, sostuvo que hubo cifras dispares entre Pucón centro y el más periférico o rural. Con todo, los números no fueron buenos y las cifras fueron bajas en relación a años anteriores. Pero más allá de eso, el dirigente gremial, nuevamente, pone énfasis en los problemas que presenta el destino cuando aumenta la demanda.
“Lo importante es qué presentamos en Semana Santa. Qué logramos mostrar a nuestros turistas que llegaron. Finalmente qué tenemos: no funcionó la conificación y tuvimos tacos hasta el cruce a Curarrehue. Son dos o tres kilómetros de congestión para llegar a Pucón, sumado a lo que se demoraron en la aduana (los que venían desde Argentina). Por supuesto que las quejas fueron variadas y múltiples y no presentamos nuestra mejor cara”, sostuvo Pablaza, quien agregó: “El destino debe tener una actitud al turismo. Tiene que estar siempre un paso antes de lo que viene y ver cómo vamos a presentarnos de la mejor manera a los turistas y visitantes. Esto lo tiene que hacer el municipio y los gremios. tenemos que estar atentos a todas estas variables. Creo que quedamos al debe y aún habiendo un buen clima en Semana Santa tuvimos una baja ocupación”.
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Historia repetida en Pucón: PDI captura a prófugo que era buscado por falsificación de dinero e infracción a la Ley de Armas
El hombre llevaba cerca de dos años en la comuna, hacía una vida normal y residía en un exclusivo condominio. Estaba condenado a más de cinco años en un caso denominado como “casa de papel chilena”. Es el cuarto caso conocido de un evadido de la justicia que es capturado en la comuna desde 2018.
Pareciera ser que de un tiempo a esta parte hay delincuentes prófugos de la justicia que tienen cierta predilección por ocultarse en Pucón. Pasó en 2018 con un CNI, en 2020 con un participante de uno de los denominados “robo del siglo”; y este verano con un connotado asesino. Y ahora, con uno de los miembros de la —motejada por los medios a raíz de la serie de Netflix española— “casa de papel chilena”. Se trata de Pablo Mallanes Calfucura, quien fue detenido la mañana de este lunes por funcionarios de la PDI, Bicrim Villarrica, en las calles de Pucón. Mallanes estaba prófugo con una condena de cinco años y un día por falsificación de billetes e infracción a la Ley de Armas.
Según los antecedentes recopilados por este medio, el hombre residía junto a su familia en un exclusivo condominio en Pucón y mantenía actividades normales dentro de la comuna. Es decir, salía de compras, de paseo y hacía deporte, entre otras cosas. Eso, hasta que llamó la atención de los investigadores de la PDI de Villarrica; quienes realizaron un seguimiento por más de cuatro meses y lograron su captura este lunes pasadas las ocho de la mañana, mientras dejaba a sus hijos en un colegio de la comuna; según señalaron testigos que a esa hora se desplazaban por el lugar y se percataron del operativo policial que se gestaba en ese momento.
El subprefecto Yerko Araya, jefe de la Bicrim Villarrica, indicó que el detenido mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, una por el delito de apropiación indebida, y las restantes por los delitos reiterados de falsificación de billetes e infracción Ley de Armas.
“Eludía la justicia manteniéndose en la clandestinidad en un domicilio de un barrio residencial exclusivo de la comuna de Pucón. Al ser detenido, además, se da cuenta a la Fiscalía de Flagrancia por el delito de Infracción a la Ley 18.290 por conducir un vehículo con licencia de conducir falsa”, sostuvo Araya.
Tal como lo señaló el oficial, al momento de su detención, Mallanes presentó una licencia de conducir falsificada, por lo que le fue agregado el cargo de falsificación de instrumento público. Así lo señala el fiscal Carlos Hoffmann, quien controló la detención del hasta hoy prófugo.
“El imputado contaba con sendas órdenes de detención y además fue sorprendido conduciendo un vehículo con una licencia para conducir falsificada a nombre de otra persona por lo que la fiscalía local de Pucón formalizó investigación por delitos tipificados en la Ley de Tránsito que dicen relación con la falsificación de la licencia y también por la usurpación de identidad, toda vez que la licencia que tenía su fotografía, tenía el nombre de otra persona con domicilio en la región metropolitana”, explicó Hoffmann, quien agregó que el juez de Pucón ordenó que Mallanes ingresara a cumplir las condenas que mantenía por más de cinco años de cárcel.
la historia de la “casa de papel chilena”
La historia del denominado caso de “la casa de papel chilena” dice que en mayo de 2018, Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas, su líder identificado como Pablo Mallanes Calfucura, por los delitos de tráfico de armas y falsificación de dinero en la región Metropolitana. Las diligencias denominadas “Operación Casa de Papel”, lograron las detenciones tras el allanamiento de varios inmuebles de las comunas de Maipú, Puente Alto, Santiago, San Bernardo y Lampa.
Allí, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm., una pistola a fogueo, una pistola calibre 40 mm. un maletín para pistola con encargo por robo, 25 cartuchos, dos cargadores y un vehículo Station Wagon con encargo por robo. Asimismo, se decomisaron más de $18 millones en efectivo, $120 mil en dinero falsificado y 64 monedas de $500 falsificadas. Además de instrumentos para la fabricación de billetes y monedas falsas como computadores, impresoras y papel de impresión.Mallanes se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno, cuando en febrero de 2021, el 5° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 5 años y un día presidio por tráfico ilegal de armas de fuego. Sin embargo, evadiendo todo control, se fugó. Eso hasta este lunes cuando fue detenido por la PDI en Pucón.
