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Suspendida directora de Finanzas de la municipalidad acusa hostigamiento y demanda a la institución por $80 millones
María Victoria Román relata una serie de situaciones complejas que describe como maltrato laboral. Todo esto en el bullado y controvertido proceso de la conformación de la nueva planta municipal.
El conflicto por la denominada planta municipal pareciera estar viviendo sus coletazos finales. Aunque no por eso menos fuertes. Eso, ya que luego de que la Contraloría rectificara el proceso de acomodo de los nuevos cargos y acogiera los requerimientos de quienes reclamaron; en la última semana se abrió un nuevo flanco. La suspendida directora de finanzas María Victoria Román ingresó una demanda laboral en la que pide $80 millones de indemnización por lo que considera una vulneración de sus derechos como trabajadora del municipio. En ella acusa maltrato laboral y hostigamiento. Todo esto previo a estar suspendida por más de seis meses de sus funciones.
La demanda, patrocinada por los abogados Luis Mercarini y Alejandro Alarcón, enfoca principalmente en el bullado y controvertido proceso de la nueva planta municipal que se manejó durante 2018 y entró en funcionamiento a partir de 2019. Y es en ese contexto que el documento revela una serie de acusaciones y situaciones complejas que, según ella, se vivieron en todo el proceso. “A partir del mes de diciembre del año 2018 comienzan a desarrollarse una serie de actos de hostigamiento y maltrato laboral, los que se siguen aplicando de manera permanente hasta el día de hoy, manteniéndola marginada de sus funciones, emitiendo resoluciones que le imponen sanciones injustas e improcedentes, fundadas en hechos falsos, procediendo de manera arbitraria tanto en la imposición de sanciones, como en la omisión de las anotaciones de mérito a las que tenía derecho”, sostiene la demanda, la que en el párrafo siguiente agrega: “A partir del inicio del año 2018 el municipio se avocó a la tarea de iniciar el proceso de re-encasillamiento del personal municipal, y confeccionar la nómina de la nueva planta que regiría a partir del año 2019. Todo ello era necesario por la creación de nuevos cargos, por ascensos de cargos y grados en la escala de remuneraciones, y una nueva estructuración de su planta de personal, todo ello en conformidad a la legislación vigente, en especial de acuerdo a la ley 20.922 que modificó las disposiciones aplicables a los funcionarios municipales, y entregó nuevas competencias a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativa”.
El documento sostiene que María Victoria Román debía jugar un papel importante en el proceso, ya que ella poseía capacitación específica sobre la materia. Y la labor se sustentaba en una serie de principios como el respeto a la carrera funcionaria y al ordenamiento correcto de todos los funcionarios en los grados y asignaciones que correspondía. De acuerdo a lo que señala el requerimiento, esto no fue así: “Ello no ocurrió así, pues pese a que durante todo el proceso de elaboración de la nueva planta municipal ella fue alertando en forma constante y debidamente documentada de los errores, inequidades, injusticias y transgresión de normas legales y reglamentarias, no fue escuchada, y se procedió a confeccionar una planta que fue sometida a la aprobación del concejo municipal, sin considerar sus observaciones. La verdad es que la planta se elaboró entre pocas personas que nunca quisieron realmente escucharla, pues le molestaba su rigurosidad y conocimiento del tema”.
El requerimiento de la funcionaria repasa en detalle el proceso de aprobación de la nueva planta y relata el momento del debate que se generó en el concejo municipal del pasado 20 de diciembre, fecha en la que la nueva planta se rechazó en principio; aunque se aprobó al día siguiente en una operación en la que el alcalde Carlos Barra trabajó personalmente cada voto con los concejales. “Cuando llegó el momento de aprobar la nueva planta del personal municipal, en una sesión del Concejo Municipal de fecha 20 de diciembre de 2018 la demandante manifestó sus reparos, debiendo corregir públicamente, frente al Concejo, al propio alcalde quien seguramente lo consideró una especie de afrenta”, dice la demanda, y luego agrega: “En esa oportunidad, ella (se refiere a la demandante María Victoria Román) expuso detalladamente las distintas experiencias de otros municipios. Detalló las observaciones formuladas por la Contraloría el 17 de diciembre del mismo año, denunciando que ella había sido excluida del comité bi-partito, representando otras omisiones en que había incurrido el Alcalde, entre ellas, que hace tres semanas tenía en su poder carpetas relacionadas con tres funcionarios que deberían ascender de grado de acuerdo a la nueva planta tomando en cuenta el actual encasillamiento, pero que habían sido excluidos por la autoridad municipal”.
Pago de remuneraciones
El texto continúa con el relato del proceso y señala que una vez que se aprobó la nueva planta (pese a las objeciones de Román) se debía pagar las remuneraciones con los nuevos grados. En rigor, un aumento de sueldo. El punto es que, según lo que ella señala, para hacer efectivos los pagos se necesitaba que el alcalde generara unos decretos que debía emitir a la dirección de Administración y Finanzas para su visación y eso, de acuerdo a la demanda, no ocurrió.
“Como tales decretos —se explica— no fueron dictados ni visados, nuevamente nuestra representada lo representó a la autoridad municipal, tanto en el mes de enero como en el mes de febrero. Observó, además, que no había sido corregido aún el factor encasillamiento en la nueva planta, particularmente respecto de tres funcionarios, el sr. Patricio Ibáñez Hidalgo, doña María Arriagada Cárdenas y don Cristián Martínez Sanhueza (cuñado de la demandante)”.
Todo esto, según la demandante, complicaba en particular a otro funcionario: Juan Antonio Ulloa. De acuerdo al texto, Ulloa pasaba de recibir un sueldo de $500 mil mensuales a otro de $2 millones. “Esta situación, era del todo irregular, pues según la ley no correspondía semejante ascenso para este funcionario, tanto por su improcedencia, como porque el ascendido no reunía los requisitos exigidos para el nuevo cargo en que había sido asignado. Naturalmente esta situación fue nuevamente representada por nuestra mandante a la autoridad municipal, haciéndole presente que con este proceder se afectaba directamente la carrera de otros tres funcionarios, doña Cecilia Sanzana Obreque, Clemente Carrasco Godoy y Rubén Zapata San Martín (los más antiguos del municipio), quienes ante la información y advertencia de la demandante, reclamaron de esta situación”, acusa la demandante.
La demanda señala que, a raíz de lo anterior, Ulloa ingresa una denuncia por la oficina de partes de la municipalidad en la que acusa a María Victoria Román de interferir en el proceso y no abstenerse de participar en la elaboración de la nueva planta, debido a que también el cuñado de Román, Cristián Martínez, era parte del proceso y podría ser afectado por las decisiones tomadas. Según los representantes de la demandante, la denuncia carecía de todo sustento y se constituyó, en los hechos, en una forma de “sacarla del medio” ya que su presencia impedía dar curso a la nueva planta sin las modificaciones que ella planteaba y a las que finalmente la Contraloría dio lugar: “La denuncia no tiene base legal, carece de todo mérito, pero sin duda constituyó una maniobra destinada a sacarla de su cargo de Directora de Administración y Finanzas, y destrabar de ese modo la aplicación del re- encasillamiento del modo que se había fraguado, y se produce la oportunidad ideal para que se comenzaran a producir los actos de hostigamiento en contra de la actora, vulneratorios de sus derechos fundamentales como se indicará más adelante”.
Así las cosas, el 22 de febrero, María Victoria Román —según se lee— se niega frente al alcalde nuevamente a visar los pagos de la nueva planta, mientras no le sean remitidos los decretos edilicios que daban curso a la nueva planta. “Ese mismo día, y en forma casi coetánea, a las 15:30 horas, el Alcalde designa a la Directora de Obras Lorena Fuentes Espinoza fiscal y actuaria a Doña Yessica Leiva Mora, las que mediante acta de notificación de su Resolución por la que disponía la instrucción de un sumario en su contra, a causa de la denuncia efectuada por el funcionario Juan Antonio Ulloa García”, se lee en el documento. El relato continúa y, luego de un intento fallido de recusar a la fiscal a cargo, María Victoria Román fue suspendida de su cargo debido al sumario al que estaba siendo sometida: “A partir de esa fecha se ha mantenido a la demandante sometida a un sumario originado por la denuncia de Juan Ulloa, suspendida de sus funciones directivas como medida dispuesta por la Fiscal, logrando su propósito de sacarla del ejercicio de su cargo que entrababa la aplicación de la nueva planta y el pago de los nuevos sueldos que se habían asignado de modo tan irregular”.
En ese punto la demanda concluye: “Por la forma en que ha sido sacada de su cargo, por el largo tiempo en que se la mantiene suspendida de su ejercicio, se ha dañado severamente su imagen profesional de reconocida excelencia, afectando sus futuras calificaciones, su dignidad, afectando seriamente su integridad física y psíquica, todo lo cual ha sido causado por la aplicación de una medida tan extrema, que produce tanta deshonra frente a sus pares y comunidad, como la de marginarla de sus funciones”.
Al finalizar, la demanda exige que se termine la suspensión, se elimine una anotación de demérito que el alcalde realizó en su contra (por otra situación) mientras ella estaba suspendida y se agrega una anotación de mérito por una capacitación que Román realizó con anterioridad. “Se debe ordenar la reparación de los daños morales y subjetivos que le han sido causados, tanto por la larga separación injusta de su cargo, como por la discriminación y hostigamiento de que ha sido objeto, todo lo cual la ha conducido a un cuadro depresivo, cuya única causa se encuentra en el injusto proceder de la autoridad municipal como su empleadora”, se lee y agrega: “Todo lo obrado en su contra que se ha descrito constituye una conducta atentatoria en contra de su honra, afectando también su salud mental, provocando una profunda depresión, estrés y angustia, no solamente por el trato vejatorio y desconsiderado, sino por un procedimiento investigativo abusivo, ofensivo a su condición humana y profesional”.
Si bien la demanda aún no es acogida por el tribunal (fue ingresada recién el 29 de agosto pasado); resta conocer las notificaciones y qué abogado de la municipalidad asumirá la representación. Eso, debido a que la Unidad Jurídica se encuentra vacante luego de la salida de Bhama Zúñiga.
* Nota dela redacción: si quiere leer la demanda completa, haga click aquí.
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Fiscalía y municipalidad de Pucón inician arremetida judicial en contra de la denominada “banda del chivo”
El jefe local del Ministerio Público local, Jorge Calderara, pidió audiencia para formalizar cargos a ocho personas, quienes han sido denunciadas por actos reñidos con la moral realizados en las calles del casco histórico de la comuna. Uno de ellos ya está en prisión preventiva por un robo cometido en la madrugada de este martes en un local del centro.
La verdad es que han sido noticia, prácticamente, durante todo el verano. Denuncias por ataques en restaurantes, acciones que ofenden la moral (como defecar y tener sexo en la calle) y, últimamente, maltrato animal por los eventuales daños en contra de un chivo que pasean en un carro de supermercado y un perro que pintaron con spray. Se trata del grupo de indigentes que pernoctan y deambula en calles y sitios céntricos de Pucón. Y en las últimas semanas se han gestado una serie de movimientos a nivel de tribunales con el objetivo de plantear alguna solución para este grupo (la “banda del chivo” por el caprino que poseen) del que se han quejado turistas, comerciantes, vecinos y autoridades. Y esto pasa, inicialmente, por una querella que puso la municipalidad por maltrato animal y ofensas al pudor. Pero no es lo único el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, anunció que solicitó una audiencia de formalización de cargos por los mismos delitos en contra de ocho personas. Es decir, prácticamente, la totalidad de la banda. También la concejala Verónica Castillo ya había realizado una denuncia en Carabineros a mediados de marzo.
“Es un grupo de personas que durante los meses de enero, febrero y marzo se han dedicado a realizar desórdenes públicos en distintos puntos de nuestra comuna. Estas personas que se denominan en situación de calle y que han sido vistas por muchas personas realizando conductas ofensivas, ya sea orinando o defecando en presencia de todas las personas que transitan por el sector céntrico de Pucón dañando algunos locales comerciales o recintos bancarios y llevando entre ellos animales que han maltratado, entre ellos un animal caprino y un perro y efectuando distintas conductas como el amenazar a algunos transeúntes”, sostuvo Calderara.
El abogado persecutor agregó: “Todo ello ha llevado a que la fiscalía de Chile presentara un escrito solicitando audiencia de formalización en contra del imputado Patricio Alarcón y para siete personas más que forman parte de este grupo pidiendo al juez de garantía que fije una audiencia para formular cargos por distintos delitos. Dentro de ellos están desórdenes públicos, maltrato animal, ofensas al pudor, daños simples, amenazas, estafas a un local comercial y todo ello con la finalidad de pedir las medidas cautelares necesarias para que estas personas dejen de realizar estas conductas”.
Patricio Alarcón, quien estará como imputado en esta querella y parte del grupo, ya está detenido y en prisión preventiva. Esto, por un robo ocurrido la madrugada de este martes en el local Lomos y Tuercas del centro de la comuna. Alarcón fue detenido por Carabineros, junto a Martín Durán. Según se supo, una llamada anónima alertó a los uniformados de un robo de un celular en las afueras de la municipalidad. La llamada considerada como “cazabobos” no consiguió su objetivo, y los carabineros pudieron percatarse del robo en el local. El botín conseguido por los delincuentes constaba de algo de dinero, un computador y botellas de alcohol.
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Largas esperas en paso Mamuil Malal marcan Semana Santa en la zona: cierre a las 17 hrs. es todo un problema
Opiniones cruzadas en torno a la responsabilidad de la decisión de bajar el horario genera incertidumbre. Ocupación hotelera fue a la baja.
Cuando pasaron algunas horas después de Semana Santa, los gremios y autoridades sacan sus cuentas. Y algunas de ellas no son muy alegres. Uno de los mayores problemas y complicaciones que presentó la zona fueron las largas filas —y muchas horas de espera— para ingresar o salir de Chile por el paso Mamuil Malal, situación que se potenció con el temprano cierre del paso. Esto, porque desde marzo sólo se puede cruzar la cordillera hasta las 17 horas y no hasta las 20 hrs. como lo fue en verano. Y pese a los oficios de la municipalidad y al reclamo de los gremios turísticos para cambiar la disposición, el hecho es que el horario de las cinco de la tarde como tope se mantendrá por un tiempo indeterminado.
“Durante varios años se ha estado trabajando para lograr tener el paso fronterizo Mamuil Malal abierto, incluso, hasta las 12 de la noche en período de verano; de tal manera que el corredor turístico se convierta en una potente vía de ingreso y salida de turistas. Esta medida va absolutamente al contrario de todo lo que se había estado trabajando para alargar la jornada y ahora, finalmente, se restringe la jornada”, argumentó Julio Pablaza, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón.
Sobre la crisis de este fin de semana que pasó, el dirigente gremial agregó: “Este fin de Semana Santa hubo un tremendo impacto negativo al turismo. Hubo muchos turistas que no pudieron cruzar y que finalmente se quedaron en Argentina. Hubo personas que perdieron sus reservas y dejaron de visitar nuestro destino. Y no sólo se afecta a las comunas de Pucón, Curarrehue y Villarrica. Esto afecta a la región completa”.
El punto es que la municipalidad, a través del Administrador Carlos Olave, ofició al delegado presidencial, José Montalva, para que pueda gestionar un cierre más tarde. Desde la delegación presidencial señalaron que el problema del cierre está relacionado directamente a una decisión de la administración aduanera argentina y que no depende de Chile el asunto. Posición que se contrapone con lo que sostiene el mismo Olave, quien cruzó hacia Argentina el fin de semana y en el lado trasandino consultó y la respuesta, según él, es que el problema es un asunto chileno.
“Pasé y consulté en la aduana argentina y me señalaron que de parte de Chile habían determinado el horario. Eso me llama la atención y no sé quién está coordinando el cierre más temprano en este momento. Hay una contradicción porque ellos (los argentinos) se habían ajustado al horario que determinó Chile”, explicó Olave.
Baja en las visitas
Sobre el tema de la ocupación hotelera en el fin de semana santo, el presidente de la Cámara de Turismo, Julio Pablaza, sostuvo que hubo cifras dispares entre Pucón centro y el más periférico o rural. Con todo, los números no fueron buenos y las cifras fueron bajas en relación a años anteriores. Pero más allá de eso, el dirigente gremial, nuevamente, pone énfasis en los problemas que presenta el destino cuando aumenta la demanda.
“Lo importante es qué presentamos en Semana Santa. Qué logramos mostrar a nuestros turistas que llegaron. Finalmente qué tenemos: no funcionó la conificación y tuvimos tacos hasta el cruce a Curarrehue. Son dos o tres kilómetros de congestión para llegar a Pucón, sumado a lo que se demoraron en la aduana (los que venían desde Argentina). Por supuesto que las quejas fueron variadas y múltiples y no presentamos nuestra mejor cara”, sostuvo Pablaza, quien agregó: “El destino debe tener una actitud al turismo. Tiene que estar siempre un paso antes de lo que viene y ver cómo vamos a presentarnos de la mejor manera a los turistas y visitantes. Esto lo tiene que hacer el municipio y los gremios. tenemos que estar atentos a todas estas variables. Creo que quedamos al debe y aún habiendo un buen clima en Semana Santa tuvimos una baja ocupación”.
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Historia repetida en Pucón: PDI captura a prófugo que era buscado por falsificación de dinero e infracción a la Ley de Armas
El hombre llevaba cerca de dos años en la comuna, hacía una vida normal y residía en un exclusivo condominio. Estaba condenado a más de cinco años en un caso denominado como “casa de papel chilena”. Es el cuarto caso conocido de un evadido de la justicia que es capturado en la comuna desde 2018.
Pareciera ser que de un tiempo a esta parte hay delincuentes prófugos de la justicia que tienen cierta predilección por ocultarse en Pucón. Pasó en 2018 con un CNI, en 2020 con un participante de uno de los denominados “robo del siglo”; y este verano con un connotado asesino. Y ahora, con uno de los miembros de la —motejada por los medios a raíz de la serie de Netflix española— “casa de papel chilena”. Se trata de Pablo Mallanes Calfucura, quien fue detenido la mañana de este lunes por funcionarios de la PDI, Bicrim Villarrica, en las calles de Pucón. Mallanes estaba prófugo con una condena de cinco años y un día por falsificación de billetes e infracción a la Ley de Armas.
Según los antecedentes recopilados por este medio, el hombre residía junto a su familia en un exclusivo condominio en Pucón y mantenía actividades normales dentro de la comuna. Es decir, salía de compras, de paseo y hacía deporte, entre otras cosas. Eso, hasta que llamó la atención de los investigadores de la PDI de Villarrica; quienes realizaron un seguimiento por más de cuatro meses y lograron su captura este lunes pasadas las ocho de la mañana, mientras dejaba a sus hijos en un colegio de la comuna; según señalaron testigos que a esa hora se desplazaban por el lugar y se percataron del operativo policial que se gestaba en ese momento.
El subprefecto Yerko Araya, jefe de la Bicrim Villarrica, indicó que el detenido mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, una por el delito de apropiación indebida, y las restantes por los delitos reiterados de falsificación de billetes e infracción Ley de Armas.
“Eludía la justicia manteniéndose en la clandestinidad en un domicilio de un barrio residencial exclusivo de la comuna de Pucón. Al ser detenido, además, se da cuenta a la Fiscalía de Flagrancia por el delito de Infracción a la Ley 18.290 por conducir un vehículo con licencia de conducir falsa”, sostuvo Araya.
Tal como lo señaló el oficial, al momento de su detención, Mallanes presentó una licencia de conducir falsificada, por lo que le fue agregado el cargo de falsificación de instrumento público. Así lo señala el fiscal Carlos Hoffmann, quien controló la detención del hasta hoy prófugo.
“El imputado contaba con sendas órdenes de detención y además fue sorprendido conduciendo un vehículo con una licencia para conducir falsificada a nombre de otra persona por lo que la fiscalía local de Pucón formalizó investigación por delitos tipificados en la Ley de Tránsito que dicen relación con la falsificación de la licencia y también por la usurpación de identidad, toda vez que la licencia que tenía su fotografía, tenía el nombre de otra persona con domicilio en la región metropolitana”, explicó Hoffmann, quien agregó que el juez de Pucón ordenó que Mallanes ingresara a cumplir las condenas que mantenía por más de cinco años de cárcel.
la historia de la “casa de papel chilena”
La historia del denominado caso de “la casa de papel chilena” dice que en mayo de 2018, Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas, su líder identificado como Pablo Mallanes Calfucura, por los delitos de tráfico de armas y falsificación de dinero en la región Metropolitana. Las diligencias denominadas “Operación Casa de Papel”, lograron las detenciones tras el allanamiento de varios inmuebles de las comunas de Maipú, Puente Alto, Santiago, San Bernardo y Lampa.
Allí, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm., una pistola a fogueo, una pistola calibre 40 mm. un maletín para pistola con encargo por robo, 25 cartuchos, dos cargadores y un vehículo Station Wagon con encargo por robo. Asimismo, se decomisaron más de $18 millones en efectivo, $120 mil en dinero falsificado y 64 monedas de $500 falsificadas. Además de instrumentos para la fabricación de billetes y monedas falsas como computadores, impresoras y papel de impresión.Mallanes se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno, cuando en febrero de 2021, el 5° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 5 años y un día presidio por tráfico ilegal de armas de fuego. Sin embargo, evadiendo todo control, se fugó. Eso hasta este lunes cuando fue detenido por la PDI en Pucón.
