Una serie de reclamos de los vecinos aledaños a la obra, además de infracciones por, entre otras cosas, comenzar a trabajar sin permiso de edificación y un convenio firmado por el concejo municipal, pero cuestionado por una resolución de la dirección de Obras, marcan el desarrollo de este complejo inmobiliario que se plantea como la respuesta para 160 familias, 32 de ellas vulnerables, y el resto de clase media; que esperan un lugar donde vivir.

VECINOS.- En la imagen los dirigentes Enrique Valenzuela, Luis Burgos y Sandra Aguero, quienes plantean una serie de problemas de la obra.

Los problemas se han dado casi desde el inicio de las obras. O al menos así ha quedado manifestado en una serie de reclamos de los vecinos que viven aledaños al proyecto inmobiliario “Condominio Caburgua”, ubicado en el sector de la Villa El Esfuerzo, tras los conocidos ex departamentos rojos. Caburgua es una obra de la constructora Manitoba, perteneciente al holding de empresas Martabid y consta de 160 departamentos, de los cuales el 20% (32 unidades) serán destinadas a familias vulnerables y el resto estará enfocado en la clase media.Es decir, en los papeles, es una obra que vendría a dar respuesta, en parte, al grave déficit habitacional de Pucón, marcado por el crecimiento y explosión inmobiliaria de conjuntos habitacionales de alta gama enfocados, principalmente, en el grupo socioeconómico ABC1. Pero no ha sido fácil. 

Al menos así lo señalan los dirigentes comunitarios del sector, quienes alegan una serie de situaciones complejas y, a juicio de ellos, hasta irregulares. Luis Burgos es uno de ellos. Burgos es presidente de la junta de vecinos número 8 Playa Grande, la que abarca la zona de construcción de Caburgua. Él apunta, principalmente, a los ruidos molestos que genera la obra y a los trabajos fuera de horario que lo han hecho llamar a los inspectores municipales en varias ocasiones y tienen a la empresa con, a lo menos, tres infracciones (según señalan desde la municipalidad). “Nosotros llevamos alrededor de siete denuncias ya con respecto al tema de los trabajos fuera de horario, molestia de los vecinos, accesos y hasta actos delictuales dentro del terreno por las malas condiciones de cierre perimetral al inicio de la obra”, relata Burgos, quien agrega que el ruido (fuera del horario habitual de labores) ha sido perjudicial para los vecinos.

Las quejas también las comparte Enrique Valenzuela, del comité de adelanto de Villa El Esfuerzo, quien agrega que el proyecto no contempló el problema vial que generarían los accesos al futuro condominio, los que, según él, recargaría de vehículos las estrechas calles de la zona. “Vamos a seguir insistiendo con el tema vial que es muy complicado para nosotros, los vecinos, y sobre todo en el verano que aumenta considerablemente el flujo vehicular”, agrega Valenzuela.  

A estas quejas hay que sumar otras que salen de la conversación con los dirigentes, entre ellas, el tráfico de camiones por calles no diseñadas para ello y la potencial sobrecarga del alcantarillado una vez que el proyecto esté terminado.

DE NOCHE.- La imagen muestra los trabajos cuando ya está de noche y, según los vecinos, reafirman las labores fuera de horario.

El origen

Pero para entender la situación hay que, necesariamente, ir al concejo municipal del pasado 19 de febrero. Ese día el abogado Christian Águila (el mismo que ha sido cuestionado por llegar a un acuerdo —según la directora de Obras, Lorena Fuentes— poco beneficioso para la municipalidad con el dueño empresas Martabid, ver nota del tema acá) presentó un convenio de colaboración entre la empresa Constructora Manitoba y la municipalidad local. En ese acuerdo, la compañía se compromete, entre otras cosas, a ejecutar sin costo para la municipalidad el mejoramiento del problema de aguas lluvias del sector y para ello intervendría el estero Chiguayante que cruza por el predio en el que se levantaría la obra. Para eso, a su vez, la municipalidad autorizaba la intervención y entubamiento del canal.

Pero este punto del convenio entró en colisión con lo planteado por la Dirección de Obras de la Municipalidad (DOM), organismo que infraccionó y mantuvo paralizadas las obras del Condominio Caburgüa por dos razones: por comenzar los trabajos sin el permiso de construcción y por intervenir el estero sin las autorizaciones y permisos de la Dirección General de Aguas. “Que de acuerdo a la inspección efectuada el 4 de abril de 2019, se aprecia inicio de obras de edificación y de entubamiento del cauce existente, sin contar con el permiso de edificación y tampoco con autorización de obras preliminares, además dentro de los antecedentes ingresados a la Dirección de Obrasel titular no adjunta autorización o pronunciamiento del servicio competente, Dirección General de Aguas”, se lee en el documento con el que la directora de Obras, Lorena Fuentes, paraliza los trabajos de construcción en abril pasado. 

EL CANAL.- En la imagen se ve el canal que autorizó la municipalidad a la empresa para intervenir.

Pero el informe de Fuentes va un poco más allá y agrega: “Que analizando el tenor del convenio suscrito con el municipio esto no exime a Constructora Manitoba SpA de obtener las autorizaciones sectoriales correspondientes”. Es decir, a juicio de la directora de Obras de la municipalidad, si bien en el convenio la municipalidad “autorizaba” a la empresa para intervenir el canal, esto no era posible debido a que a juicio de ella, la municipalidad no tenía esa facultad. Esta posición, según fuentes ligadas a la DOM, queda fortalecida luego de levantarse la paralización de los trabajos. Eso, debido a que una de las condiciones, una vez que se otorgó el permiso de edificación, era que la empresa podía trabajar, pero que se comprometía a no intervenir el canal mientras no tenga las autorizaciones sectoriales correspondientes.

Los concejales

Pero el tema tampoco dejó indiferente a los concejales en la reunión de los ediles en la que se les presentó la propuesta de convenio. Al menos así queda de manifiesto en el acta de ese encuentro, la que es pública y está en el sistema web municipal. En el punto cuatro del mencionado documento se lee que la presentación se hace a solicitud del abogado Christian Águila. El tema es que si bien,el acuerdo fue presentado como un beneficio para los vecinos por las supuestas mejoras en el entubamiento del canal, las áreas verdes y la construcción de una vereda en pasaje El Estero; además de que sería un aporte para la comuna por la construcción de las viviendas sociales; el convenio no fue bien mirado por todos los ediles. 

El RN Cristian Hernández apuntó directamente al origen del proyecto y acusó que éste, en principio, estaba patrocinado por otra empresa, diferente a Martabid y que, según él, la idea les fue “arrebatada” repentinamente. “Sabe tanto el abogado Christian Águila y la Sra. Verónica Castro (jefa de la unidad de Vivienda de la municipalidad) que este proyecto tenía otra empresa detrás. Había otro arquitecto, otro ingeniero y era otros los de la propuesta.Se acercaron el año pasado donde la señora verónica Castro encargada del departamento de Vivienda a proponer esta iniciativa, en función de este programa, le presentaron esta propuesta. Es más, la Sra Verónica los acompañó con esta idea que era bastante buena y de repente esta iniciativa pasa a otra persona, a otro interesado que es ahora empresa Martabid”, señaló el concejal Hernández en aquella reunión de febrero. 

Ante esto, el alcalde Carlos Barra le dijo al edil de su partido que la idea es favorecer a los vecinos y a la gente sin casa y que la otra propuesta no prosperó debido a que para que se concretara era necesario que la municipalidad comprara el terreno, lo que fue refrendado por el abogado Águila. Desde la compañía señalan que fue la familia Chiguayante, los dueños originales, quienes se acercaron a ellos para vender.

En todo caso, Hernández no aprobó porque, según él, necesitaba tiempo para estudiar a fondo el convenio (que fue conocido por los ediles el mismo día de la votación). La misma posición la tuvo el PPD Juan Carlos Gallardo. “Esto se debió analizar con más días de anticipación”, explicó el último.

Por otro lado, el resto de los ediles le dio luz verde el convenio y uno de los más entusiastas fue el DC Omar Cortez. Sobre todo por el entubamiento del canal, ya que esto, según él, más que beneficiar a la empresa favorecía a los vecinos, ya que los continuos problemas de inundaciones podrían terminarse definitivamente. “Deseo felicitar al señor alcalde. Logro apreciar que no hay ego en sus medidas, porque efectivamente pudo haberse restado al iniciar este proceso con los vecinos y toma y lidera un proceso que lo tiene que hacer solo un alcalde, ya que un concejal no puede hacer eso”, dijo Cortez en esa oportunidad.

Desde la empresa señalan que si bien el entubamiento podría ser algo beneficioso para ellos (“se está analizando”, dicen) la finalidad principal es resolver el problema de los vecinos con los anegamientos. “Pero no se hará nada mientras no se obtengan los permisos”, afirman.

El trato con el Serviu

El Condominio Caburgüa, de acuerdo a lo que pudo reportear La Voz…, se genera bajo la modalidad convenida en el programa de subsidio DS 19 del Serviu. Éste está enfocado en familias de clase media y vulnerables con unidades habitacionales que van desde las 1.100 Ufs ($29.700.000) para las familias vulnerables y hasta las 2.200 Ufs ($59.400.000) para la clase media. En el caso de Caburgüa existe el compromiso de que de los 160 departamentos proyectados, el 20% (32 unidades) será destinado a familias de escasos recursos y tendrán un costo de 1.100 Ufs.Del resto, es decir de los 128 departamentos, 17 de ellos tendrán un valor que va en el rango de las 1.200 UFs ($32.400.000) a las 1.400 UFs ($37.800.000).

Dentro del convenio firmado entre la municipalidad y Martabid se establece, también, que la oficina de Vivienda de la municipalidad se compromete a proporcionar la base de datos de los potenciales beneficiados con los subsidios para los 160 departamentos, incluyendo a los más vulnerables, para ser considerados como “prioridad” en la adquisición de los departamentos.

Consultada la municipalidad por la forma en cómo están organizando y jerarquizando el tema del acceso a los departamentos, no se entregó mayor información del tema.

Sobre cómo funciona el DS 19 para las empresas y en particular para Manitoba, según se explicó, el Serviu y la compañía firman un convenio en el que se establecen una serie de compromisos (como plazos de entrega, por ejemplo) y también un préstamo que el Estado le hace a la constructora de 300 UFs ($8.100.000) por departamento. En este caso el préstamos asciende a casi $1.300 millones en total por las 160 unidades que contempla la obra. La compañía, se entiende, ocupa esos dineros en la construcción. Una vez entregados a los beneficiarios de los subsidios, el Serviu cuadra con la empresa la entrega del dinero por la compra (el subsidio) y el del pago del préstamo de 300 UFs por unidad que debe hacer la constructora.La diferencia de eso es la ganancia de Manitoba. Todo esto, por cierto, está regulado por la Ley y es un mecanismo que se usa para estimular la edificación de viviendas sociales y de clase media en lugares donde el acceso a ésta es compleja, como Pucón.

SOLUCIÓN HABITACIONAL.- En total son 160 departamentos, 32 de ellos destinados a familias vulnerables y el resto para la clase media.

Habla la empresa

Francisco Calderón, abogado del holding Martabid, responde a los cuestionamientos de los vecinos y entrega ciertas aclaraciones al proyecto. Sostiene, entre otras cosas, que Caburgua es beneficioso para la comunidad porque soluciona un problema habitacional evidente.Además, porque en el intertanto da trabajo en la construcción a obreros, técnicos y profesionales puconinos. 

Calderón asegura que no es efectivo que la construcción partió sin el permiso de edificación como asegura una de las infracciones de la DOM. “Lo que pasó y es importante dejarlo claro es que al momento de la fiscalización nosotros solamente nos encontrábamos realizando trabajos menores en el lote del proyecto”,dice y explica que, en los hechos, se encontraban realizando labores de limpieza e instalación de faenas, lo que fue tomado —según él— como trabajo de obra propiamente tal por los inspectores municipales. Agrega, por cierto, que el proyecto ya cuenta con un permiso de edificación debidamente otorgado por la DOM: “Todo está en regla”.

Sobre el convenio con la municipalidad, Calderón explica que éste nace en las mesas de trabajo que sostuvieron con los vecinos del sector y que el acuerdo trata de integrar las necesidades y los problemas de la gente como, por ejemplo, las inundaciones a raíz del desborde del estero que atraviesa el terreno. “Esto tenía como finalidad iniciar bien los trabajos y tener una buena relación con los vecinos”, acota el profesional.

Sobre la intervención del canal, independiente a que ya se encuentran tramitando el permiso necesario, Calderón sostiene que legalmente no es tan claro que sea la Dirección General de Aguas la entidad que tiene la jurisdicción sobre este cauce de agua: “Esto está en una interpretación de la norma,porque cuando no hay plan maestro de aguas lluvias como en Pucón, la tuición de estas obras la tiene la municipalidad. Hay varios dictámenes de la Contraloría que son públicos que lo establecen”.

En relación a los ruidos molestos y los trabajos fuera de hora, el profesional señalan que es algo sobre lo que ya trabajaron. Establecieron un protocolo de acción para ser lo menos invasivos con los vecinos y generar las menores molestias posibles dentro del contexto de una construcción.También, en las últimas semanas, decidieron despedir al administrador de la obra. Con estas medidas esperan, según dicen, terminar con los reclamos de los vecinos. Al menos en este último tema.

Por ahora solo resta esperar el devenir de los trabajos. Caburgua avanza, pese a las miradas de desconfianza de los vecinos. Mientras, 160 familias están a la espera de recibir sus departamentos.