Actualidad
Las dudas de Los Colonos
158 familias puconinas están en un comité de vivienda, cuyo asesor externo está en medio de una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad en Temuco. En total, han invertido cerca de $170 millones que se han ido en una promesa de venta por un terreno en el Callejón Arriagada y los estudios de factibilidad. No hay plata en la caja, faltan análisis y se debe renovar el contrato de reserva de las cuatro hectáreas. Si alguien quiere retirarse, debe llevar a un reemplazante para recuperar el dinero. El gestor se defiende y dice que todo es legal.
En la imagen la zona del Callejón Arriagada en el que el comité de Los Colonos planea levantar sus viviendas. (Fotografía Rodrigo Navarro)
El 27 de marzo pasado se realizó la última reunión en la sede la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. La idea del encuentro era dar cuenta de los avances y retrocesos del comité de vivienda Los Colonos. Y las dudas, según cuentan los que asistieron al encuentro, no eran pocas. Faltaban cerca de $50 millones para, según los dirigentes, pagar el resto de los análisis y estudios para chequear la factibilidad de un terreno de cuatro hectáreas en el Callejón Arriagada. Y el tema no es menor, porque obviamente, las 158 familias integrantes de Los Colonos ya habían desembolsado un poco más de un millón de pesos cada una. Por lo que la posibilidad de entregar más dinero podría no ser una idea muy atrayente para la mayoría.
Pero uno de los vecinos aportó otro dato no menor. La promesa de compra venta firmada con los dueños del terreno (Eduardo Vergara y Juanita Romero) estaba, en los hechos, vencida y que renovarla elevaría los costos. Y en los hechos, quien intervino en el encuentro estaba en lo cierto. Cercanos a la familia vendedora de las cuatro hectáreas cuentan que la primera promesa firmada en diciembre de 2017 por $30 millones se venció el 15 de enero de 2019. Y que sólo hubo un trato de palabra con Mauricio Torres Benzi —representante de la constructora San Cristian, quien las oficia como organismo asesor del comité— para renovarla hasta fines de abril. El punto es que en las últimas semanas, según cuentan del entorno de los vendedores, Torres Benzi planteó la necesidad de renovar la promesa hasta fines de año a un costo del 7% del valor total del terreno de $600 millones. Es decir, renovar la reserva de venta tiene un costo cercano a los $40 millones.
Es decir, existe la posibilidad que los costos aumenten considerablemente y que, por ahora, nadie les puede asegurar que el comité llegaría a buen puerto con el Serviu, entidad que otorgará —eventualmente— los subsidios a las familias participantes. Sobre todo, cuando fue el mismo Serviu en 2018, el que realizó una denuncia a la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) del Ministerio Público en Temuco por un comité similar a Los Colonos, pero en Traiguén y en el que se repite el nombre de la Constructora San Cristian, representada por Torres Benzi. Fuentes de la unidad persecutora sostienen que la indagatoria también se amplió al caso de Pucón y que en la causa ya han declarado como testigos varias personas, incluyendo a la presidenta del comité María Tonk y a la directora de la oficina de la vivienda de la municipalidad, Verónica Castro. La indagatoria está caratulada como “estafa” y Torres Benzi está en calidad de imputado (nota de la redacción: el ser “imputado” es una característica que se le atribuye a una persona dentro del proceso penal que indica que hay indicios de la posibilidad de un delito, aunque aún no implica responsabilidad en uno).
“Entiendo que (la fiscalía) le está haciendo el seguimiento a una denuncia que hizo el Serviu el año pasado. Se hizo el año pasado, pero en relación a un comité de la comuna de Traiguén, denominado Bajo Traiguén. Este tema fue comenzado a investigar por la fiscalía y se dieron cuenta que se estaba haciendo extensivo a comités de otras comunas. Está Pucón, Padre Las Casa, Loncoche y Pucón en estos momentos. La Fiscalía de Alta Complejidad decidió, entonces, ampliar la investigación a las gestiones en esas comunas”, cuenta Óscar Pavés, director jurídico del Serviu regional.
Según Pavés, la base de la denuncia realizada por ellos es la posibilidad de que los cobros sean irregulares: “Son irregulares porque de partida las entidades patrocinantes no puede cobrarle nada a la gente. Para eso el ministerio de Vivienda y el Serviu le pagan a las entidades patrocinantes por esas asesorías que les prestan a los comités. En el convenio que ellos sostienen con el ministerio para poder operar como entidad patrocinante se establecen los aranceles que se les van a pagar por parte del ministerio para que, efectivamente, no les cobren a las familias”.
En rigor, la lógica del Serviu es que los miembros del comité no deberían pagar por los mencionados estudios, al menos no directamente, ya que luego éstos se cargan a los subsidios. “No todos los terrenos donde se va a construir se requieren esos estudios o se requieren estudios más allá de los que hace Serviu, porque los comités, antes de comprometerse con un terreno, deben concurrir a Serviu y Serviu hace un análisis de ese terreno desde el punto de vista normativo, la ubicación, etc.”, asegura Pavez, quien acota que la labor de las entidades patrocinantes (EP) pasa por la gestión y el apoyo social hacia los miembros del comité.
Asesores, no patrocinadores
Mauricio Torres Benzi, representante de la constructora San Cristian, se dio el tiempo para hablar con La Voz… y asegura que todo funciona amparado en las leyes. “Nosotros tenemos el apoyo de la parte legal y no hay nada que nos pueda poner en cuestionamiento. La gente es totalmente autónoma porque la Ley 20.500 los faculta para contratar al consultor que a ellos les e confianza. la Ley los avala. Es totalmente legal y ellos tienen contrato en forma independiente porque son totalmente autónomos”, explica Torres Benzi, quien aclara que su empresa no está conformada como una EP, sino como una consultora sin las obligaciones y requerimientos legales de las primeras.
En la imagen la entrada al terreno en el que el comité pretende levantar sus viviendas. (Fotografía Rodrigo Navarro)
Sobre el terreno mismo, asegura que el dinero para ampliar la promesa con los vendedores no saldrá desde los miembros del comité. “No es necesario comprarlo (el terreno). Estamos haciendo la pre factibilización y una vez que esté factibilizado, nosotros tenemos los inversionistas que están interesados en comprarlo, porque nadie compra un terreno que no sirva y nadie compra un terreno que no es habitacional”, explica y luego agrega: “Nosotros hablamos con los propietarios y estamos de acuerdo en que si nosotros le abonados entre el 5% y el 7%, ellos nos esperan un año más. Los miembros sólo pagan los estudios de factibilización del terreno y la promesa la estamos viendo nosotros con unos inversionistas interesados en el desarrollo del proyecto”.
Sobre la investigación de la Fiac, Torres, asegura que todos los que han declarado lo han hecho respaldando su posición: “Todo esto se está cerrando a favor de nosotros. Han declarado más de 40 personas y todos a favor de nosotros. No hay nada raro”.
Sobre el por qué el Serviu realizó la denuncia, Torres habla abiertamente de que hay funcionarios del organismo que tienen intereses particulares con constructoras para que asuman directamente los proyectos.
“Propuesta innovadora”
De acuerdo a lo reporteado por La Voz…, el proyecto debe ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) bajo la forma de un estudio de impacto ambiental. Y si bien hubo un primer intento de ingreso en octubre de 2018, pero tuvo que ser retirado porque faltaban tres análisis (el de la zona de interés turístico, Zoit; el de flora y fauna y el de impacto en las comunidades). Todo esto es parte integral de la factibilización del terreno. Las visiones más optimistas apuntan a que superando esta etapa, sobrarán los inversionistas para comprar y construir las viviendas sociales para los miembros del comité a quienes el Serviu entregará los subsidios (si cumplen con el perfil y los requerimientos). Pero las miradas pesimistas apuntan a que el proyecto está con sus costos elevados y sumado a la demora y al ruido que hace la indagatoria del Ministerio Público, harán que se haga muy difícil la concreción con el riesgo de que las familias puconinas pierdan los invertido.
María Tonk, presidenta del comité Los Colonos, cuenta que Torres Benzi se acercó a ellos y les señaló que traía una propuesta innovadora que les permitiría acortar los tiempos para la obtención de los subsidios. “Nos presentó el modelo de la propuesta de lo que se podía hacer y corrimos el riesgo al final. Con toda la gente que estamos en el comité (158 familias) fuimos súper claros en decirles que no iba a depender de la directiva, sino que dependemos de una tercera persona que tiene su riesgo”, dice María Tonk, quien agrega: “La propuesta de el es hacer los estudios para el cambio de uso de suelo, lo que incluye el impacto ambiental. Se presentó, se habló con la asamblea y se decidió ir con él. Siempre con el riesgo de que pudiera ser una estafa, pero hasta el momento han cumplido”.
En los hechos, dice Tonk, que la consultora de Torres Benzi ha cumplido con lo acordado hasta ahora. Según las sumas y restas, las familias en total han entregado cerca de $170 millones. De esos dineros, $30 millones se fueron en la promesa de venta a los dueños del terreno. Y el resto (cerca de $140 millones), según María Tonk, están invertidos en los estudios necesarios para la factibilidad. Según Tonk, en caja no hay dinero, ya que todo está todo invertido en los mencionados estudios. Esto explica que en la última reunión se transparentara que falta cerca de $50 millones para terminar los análisis. No son cifras menores y las dudas, por cierto, aumentaron al conocerse la indagatoria del Ministerio Público.
“Se supone que este lunes 15 de abril viene Mauricio (Torres) con el dinero (para ampliar la promesa) con esos $40 millones. Ese dinero tiene que ponerlo la consultora porque son ellos los que se fueron atrasando”, dice María Tonk, quien también aclara que el comité no asumirá los $50 millones que faltan para, en principio, terminar los estudios. Tonk agrega que estos estudios faltantes están listos y que se entregarán este lunes 15 de abril.
Pero hay un detalle más. Si bien el comité es libre ingreso y retiro; quienes deseen salir de él no pueden recuperar directamente el dinero invertido ($1.070.000); sino que deben llevar a alguien para que se integre a la agrupación y entregue una cifra similar. Y esta plata se le devuelve al que se va. Esto, porque en caja no existen recursos. “La gente se puede retirar libremente. Pero ingresa otro socio y se le hace entrega el dinero. Desde que se armó (el comité) las platas se iban a utilizar para el cambio de uso de suelo. Todas esas platas se entregaron vía contrafactura. La única plata de caja chica que hay son los $500 de las reuniones (por familia) y eso ha sido para pagar abogados y viajes”, dice Tonk.
Por ahora sólo resta esperar el resultado de la indagatoria de la Fiac. Mientras, las 158 familias están con las dudas instaladas y esperan, por cierto, que el manoseado “sueño de la casa propia” no se transforme en una pesadilla.
Actualidad
Fiscalía y municipalidad de Pucón inician arremetida judicial en contra de la denominada “banda del chivo”
El jefe local del Ministerio Público local, Jorge Calderara, pidió audiencia para formalizar cargos a ocho personas, quienes han sido denunciadas por actos reñidos con la moral realizados en las calles del casco histórico de la comuna. Uno de ellos ya está en prisión preventiva por un robo cometido en la madrugada de este martes en un local del centro.
La verdad es que han sido noticia, prácticamente, durante todo el verano. Denuncias por ataques en restaurantes, acciones que ofenden la moral (como defecar y tener sexo en la calle) y, últimamente, maltrato animal por los eventuales daños en contra de un chivo que pasean en un carro de supermercado y un perro que pintaron con spray. Se trata del grupo de indigentes que pernoctan y deambula en calles y sitios céntricos de Pucón. Y en las últimas semanas se han gestado una serie de movimientos a nivel de tribunales con el objetivo de plantear alguna solución para este grupo (la “banda del chivo” por el caprino que poseen) del que se han quejado turistas, comerciantes, vecinos y autoridades. Y esto pasa, inicialmente, por una querella que puso la municipalidad por maltrato animal y ofensas al pudor. Pero no es lo único el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, anunció que solicitó una audiencia de formalización de cargos por los mismos delitos en contra de ocho personas. Es decir, prácticamente, la totalidad de la banda. También la concejala Verónica Castillo ya había realizado una denuncia en Carabineros a mediados de marzo.
“Es un grupo de personas que durante los meses de enero, febrero y marzo se han dedicado a realizar desórdenes públicos en distintos puntos de nuestra comuna. Estas personas que se denominan en situación de calle y que han sido vistas por muchas personas realizando conductas ofensivas, ya sea orinando o defecando en presencia de todas las personas que transitan por el sector céntrico de Pucón dañando algunos locales comerciales o recintos bancarios y llevando entre ellos animales que han maltratado, entre ellos un animal caprino y un perro y efectuando distintas conductas como el amenazar a algunos transeúntes”, sostuvo Calderara.
El abogado persecutor agregó: “Todo ello ha llevado a que la fiscalía de Chile presentara un escrito solicitando audiencia de formalización en contra del imputado Patricio Alarcón y para siete personas más que forman parte de este grupo pidiendo al juez de garantía que fije una audiencia para formular cargos por distintos delitos. Dentro de ellos están desórdenes públicos, maltrato animal, ofensas al pudor, daños simples, amenazas, estafas a un local comercial y todo ello con la finalidad de pedir las medidas cautelares necesarias para que estas personas dejen de realizar estas conductas”.
Patricio Alarcón, quien estará como imputado en esta querella y parte del grupo, ya está detenido y en prisión preventiva. Esto, por un robo ocurrido la madrugada de este martes en el local Lomos y Tuercas del centro de la comuna. Alarcón fue detenido por Carabineros, junto a Martín Durán. Según se supo, una llamada anónima alertó a los uniformados de un robo de un celular en las afueras de la municipalidad. La llamada considerada como “cazabobos” no consiguió su objetivo, y los carabineros pudieron percatarse del robo en el local. El botín conseguido por los delincuentes constaba de algo de dinero, un computador y botellas de alcohol.
Actualidad
Largas esperas en paso Mamuil Malal marcan Semana Santa en la zona: cierre a las 17 hrs. es todo un problema
Opiniones cruzadas en torno a la responsabilidad de la decisión de bajar el horario genera incertidumbre. Ocupación hotelera fue a la baja.
Cuando pasaron algunas horas después de Semana Santa, los gremios y autoridades sacan sus cuentas. Y algunas de ellas no son muy alegres. Uno de los mayores problemas y complicaciones que presentó la zona fueron las largas filas —y muchas horas de espera— para ingresar o salir de Chile por el paso Mamuil Malal, situación que se potenció con el temprano cierre del paso. Esto, porque desde marzo sólo se puede cruzar la cordillera hasta las 17 horas y no hasta las 20 hrs. como lo fue en verano. Y pese a los oficios de la municipalidad y al reclamo de los gremios turísticos para cambiar la disposición, el hecho es que el horario de las cinco de la tarde como tope se mantendrá por un tiempo indeterminado.
“Durante varios años se ha estado trabajando para lograr tener el paso fronterizo Mamuil Malal abierto, incluso, hasta las 12 de la noche en período de verano; de tal manera que el corredor turístico se convierta en una potente vía de ingreso y salida de turistas. Esta medida va absolutamente al contrario de todo lo que se había estado trabajando para alargar la jornada y ahora, finalmente, se restringe la jornada”, argumentó Julio Pablaza, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón.
Sobre la crisis de este fin de semana que pasó, el dirigente gremial agregó: “Este fin de Semana Santa hubo un tremendo impacto negativo al turismo. Hubo muchos turistas que no pudieron cruzar y que finalmente se quedaron en Argentina. Hubo personas que perdieron sus reservas y dejaron de visitar nuestro destino. Y no sólo se afecta a las comunas de Pucón, Curarrehue y Villarrica. Esto afecta a la región completa”.
El punto es que la municipalidad, a través del Administrador Carlos Olave, ofició al delegado presidencial, José Montalva, para que pueda gestionar un cierre más tarde. Desde la delegación presidencial señalaron que el problema del cierre está relacionado directamente a una decisión de la administración aduanera argentina y que no depende de Chile el asunto. Posición que se contrapone con lo que sostiene el mismo Olave, quien cruzó hacia Argentina el fin de semana y en el lado trasandino consultó y la respuesta, según él, es que el problema es un asunto chileno.
“Pasé y consulté en la aduana argentina y me señalaron que de parte de Chile habían determinado el horario. Eso me llama la atención y no sé quién está coordinando el cierre más temprano en este momento. Hay una contradicción porque ellos (los argentinos) se habían ajustado al horario que determinó Chile”, explicó Olave.
Baja en las visitas
Sobre el tema de la ocupación hotelera en el fin de semana santo, el presidente de la Cámara de Turismo, Julio Pablaza, sostuvo que hubo cifras dispares entre Pucón centro y el más periférico o rural. Con todo, los números no fueron buenos y las cifras fueron bajas en relación a años anteriores. Pero más allá de eso, el dirigente gremial, nuevamente, pone énfasis en los problemas que presenta el destino cuando aumenta la demanda.
“Lo importante es qué presentamos en Semana Santa. Qué logramos mostrar a nuestros turistas que llegaron. Finalmente qué tenemos: no funcionó la conificación y tuvimos tacos hasta el cruce a Curarrehue. Son dos o tres kilómetros de congestión para llegar a Pucón, sumado a lo que se demoraron en la aduana (los que venían desde Argentina). Por supuesto que las quejas fueron variadas y múltiples y no presentamos nuestra mejor cara”, sostuvo Pablaza, quien agregó: “El destino debe tener una actitud al turismo. Tiene que estar siempre un paso antes de lo que viene y ver cómo vamos a presentarnos de la mejor manera a los turistas y visitantes. Esto lo tiene que hacer el municipio y los gremios. tenemos que estar atentos a todas estas variables. Creo que quedamos al debe y aún habiendo un buen clima en Semana Santa tuvimos una baja ocupación”.
Actualidad
Historia repetida en Pucón: PDI captura a prófugo que era buscado por falsificación de dinero e infracción a la Ley de Armas
El hombre llevaba cerca de dos años en la comuna, hacía una vida normal y residía en un exclusivo condominio. Estaba condenado a más de cinco años en un caso denominado como “casa de papel chilena”. Es el cuarto caso conocido de un evadido de la justicia que es capturado en la comuna desde 2018.
Pareciera ser que de un tiempo a esta parte hay delincuentes prófugos de la justicia que tienen cierta predilección por ocultarse en Pucón. Pasó en 2018 con un CNI, en 2020 con un participante de uno de los denominados “robo del siglo”; y este verano con un connotado asesino. Y ahora, con uno de los miembros de la —motejada por los medios a raíz de la serie de Netflix española— “casa de papel chilena”. Se trata de Pablo Mallanes Calfucura, quien fue detenido la mañana de este lunes por funcionarios de la PDI, Bicrim Villarrica, en las calles de Pucón. Mallanes estaba prófugo con una condena de cinco años y un día por falsificación de billetes e infracción a la Ley de Armas.
Según los antecedentes recopilados por este medio, el hombre residía junto a su familia en un exclusivo condominio en Pucón y mantenía actividades normales dentro de la comuna. Es decir, salía de compras, de paseo y hacía deporte, entre otras cosas. Eso, hasta que llamó la atención de los investigadores de la PDI de Villarrica; quienes realizaron un seguimiento por más de cuatro meses y lograron su captura este lunes pasadas las ocho de la mañana, mientras dejaba a sus hijos en un colegio de la comuna; según señalaron testigos que a esa hora se desplazaban por el lugar y se percataron del operativo policial que se gestaba en ese momento.
El subprefecto Yerko Araya, jefe de la Bicrim Villarrica, indicó que el detenido mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, una por el delito de apropiación indebida, y las restantes por los delitos reiterados de falsificación de billetes e infracción Ley de Armas.
“Eludía la justicia manteniéndose en la clandestinidad en un domicilio de un barrio residencial exclusivo de la comuna de Pucón. Al ser detenido, además, se da cuenta a la Fiscalía de Flagrancia por el delito de Infracción a la Ley 18.290 por conducir un vehículo con licencia de conducir falsa”, sostuvo Araya.
Tal como lo señaló el oficial, al momento de su detención, Mallanes presentó una licencia de conducir falsificada, por lo que le fue agregado el cargo de falsificación de instrumento público. Así lo señala el fiscal Carlos Hoffmann, quien controló la detención del hasta hoy prófugo.
“El imputado contaba con sendas órdenes de detención y además fue sorprendido conduciendo un vehículo con una licencia para conducir falsificada a nombre de otra persona por lo que la fiscalía local de Pucón formalizó investigación por delitos tipificados en la Ley de Tránsito que dicen relación con la falsificación de la licencia y también por la usurpación de identidad, toda vez que la licencia que tenía su fotografía, tenía el nombre de otra persona con domicilio en la región metropolitana”, explicó Hoffmann, quien agregó que el juez de Pucón ordenó que Mallanes ingresara a cumplir las condenas que mantenía por más de cinco años de cárcel.
la historia de la “casa de papel chilena”
La historia del denominado caso de “la casa de papel chilena” dice que en mayo de 2018, Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas, su líder identificado como Pablo Mallanes Calfucura, por los delitos de tráfico de armas y falsificación de dinero en la región Metropolitana. Las diligencias denominadas “Operación Casa de Papel”, lograron las detenciones tras el allanamiento de varios inmuebles de las comunas de Maipú, Puente Alto, Santiago, San Bernardo y Lampa.
Allí, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm., una pistola a fogueo, una pistola calibre 40 mm. un maletín para pistola con encargo por robo, 25 cartuchos, dos cargadores y un vehículo Station Wagon con encargo por robo. Asimismo, se decomisaron más de $18 millones en efectivo, $120 mil en dinero falsificado y 64 monedas de $500 falsificadas. Además de instrumentos para la fabricación de billetes y monedas falsas como computadores, impresoras y papel de impresión.Mallanes se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno, cuando en febrero de 2021, el 5° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 5 años y un día presidio por tráfico ilegal de armas de fuego. Sin embargo, evadiendo todo control, se fugó. Eso hasta este lunes cuando fue detenido por la PDI en Pucón.
