Conflicto interno por los grados continúa y se anuncian nuevos requerimientos de otros funcionarios disconformes.
Un nuevo capítulo de la soterrada disputa interna que se lleva en el municipio por la denominada nueva planta municipal se escribió en los últimos días. Esto luego de conocerse el dictamen de la Contraloría regional que rechaza el ascenso de tres funcionarios y cuya disputa ha marcado el desarrollo del proceso en los últimos meses.
Se trata de Juan Antonio Ulloa, Patricio Rivera Moscoso y María del Carmen Arriagada. Ellos, de acuerdo al decreto alcaldicio 491 de 2019 fueron asignados (encasillados en la jerga técnica) en grado 8 (Ulloa y Arriagada) y 9 (Rivera). Todos, anteriormente a la entrada en funcionamiento de la nueva planta municipal, cumplían funciones en un grado 13 del escalafón administrativo o auxiliares. Con los nuevos grados, quedaron en cargos de jefatura.
El problema surgió,tal como lo planteó una anterior nota de este medio, porque había otros tres funcionarios que optaban a dichos grados. Se trata de Cecilia Sanzana, Clemente Carrasco y Rubén Zapata. Ellos realizaron una presentación a Contraloría, patrocinada por el presidente de los funcionarios municipales, Patricio Ibáñez. Y fue este requerimiento el que generó que la unidad contralora se pronunciara y rechazara las nuevas asignaciones de Ulloa, Rivera y Jara.
De acuerdo al dictamen, los funcionarios deben ser asignados a los mismos grados y escalafón que tenían al momento de aprobarse la nueva planta. De acuerdo al documento, esto podrá cambiar en la medida que el alcalde lo decida, los funcionarios acepten y que estén desempeñando las funciones del nuevo cargo asignado por, al menos, tres años. Es decir, como los grados cuestionados por Contraloría son de jefatura, se debía acreditar que quienes los ocupen estuvieran ejerciendo, en los hechos, jefaturas.
Así las cosas, el dictamen de Contraloría concluye: “Atendido lo expuesto, cabe concluir, que procede en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la citada ley N°19.880, que el alcalde inicie el proceso de invalidación del pre-citado decreto alcaldicio N°4911de 2019, que encasilló a los señores Juan Antonio Ulloa García, Raúl Patricio Rivera Mocoso y María Arriagada Cárdenas en los aludidos cargos de jefatura, de lo que se deberá informar al encargado de seguimiento de la Unidad Jurídica de esta Oficina de Control en el plazo de 20 días hábiles contado desde la fecha del presente oficio (12 de abril)”.
Si bien desde la municipalidad no quisieron referirse oficialmente al tema, se supo que manejan la posibilidad de apelar al dictamen e insistir en que los funcionarios imposibilitados ocupen los cargos.
Patricio Ibañez, presidente de la asociación de funcionarios y quien, en los hechos, hizo llegar el reclamo en representación de quienes hicieron la reclamación, envió una carta a esta redacción (para verla haga click aquí) en la que responsabiliza a la administración municipal por el problema. “Existe en este momento una serie de rivalidades y odiosidades entre los mismos colegas de nuestra municipalidad, debido a la poca capacidad por parte de esta administración para llevar a cabo el proceso de esta planta municipal, en donde se privilegió a unos pocos en desmedro de muchos funcionarios municipales”, escribió el dirigente, quien luego agregó: “La idea de la Ley era todo lo contrario, era unir y no desunir, como es lo que ocurre en estos momentos en esta municipalidad, cosa que ya ha sido expuesta por mí, en este mismo medio, quien ha seguido la historia de lo ocurrido a través del tiempo”.
También se supo que hay otros funcionarios que han realizado (o pretenden hacerlo) requerimientos similares. Todo esto en el contexto de sueldos cancelados ya con grados nuevos, lo que implicaría, eventualmente, hasta la devolución de dineros. La historia continuará.
El jefe local del Ministerio Público local, Jorge Calderara, pidió audiencia paraformalizar cargos a ocho personas, quienes han sido denunciadas por actos reñidos con la moral realizados en las calles del casco histórico de la comuna. Uno de ellos ya está en prisión preventiva por un robo cometido en la madrugada de este martes en un local del centro.
La verdad es que han sido noticia, prácticamente, durante todo el verano. Denuncias por ataques en restaurantes, acciones que ofenden la moral (como defecar y tener sexo en la calle) y, últimamente, maltrato animal por los eventuales daños en contra de un chivo que pasean en un carro de supermercado y un perro que pintaron con spray. Se trata del grupo de indigentes que pernoctan y deambula en calles y sitios céntricos de Pucón. Y en las últimas semanas se han gestado una serie de movimientos a nivel de tribunales con el objetivo de plantear alguna solución para este grupo (la “banda del chivo” por el caprino que poseen) del que se han quejado turistas, comerciantes, vecinos y autoridades. Y esto pasa, inicialmente, por una querella que puso la municipalidad por maltrato animal y ofensas al pudor. Pero no es lo único el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, anunció que solicitó una audiencia de formalización de cargos por los mismos delitos en contra de ocho personas. Es decir, prácticamente, la totalidad de la banda. También la concejala Verónica Castillo ya había realizado una denuncia en Carabineros a mediados de marzo.
“Es un grupo de personas que durante los meses de enero, febrero y marzo se han dedicado a realizar desórdenes públicos en distintos puntos de nuestra comuna. Estas personas que se denominan en situación de calle y que han sido vistas por muchas personas realizando conductas ofensivas, ya sea orinando o defecando en presencia de todas las personas que transitan por el sector céntrico de Pucón dañando algunos locales comerciales o recintos bancarios y llevando entre ellos animales que han maltratado, entre ellos un animal caprino y un perro y efectuando distintas conductas como el amenazar a algunos transeúntes”, sostuvo Calderara.
El abogado persecutor agregó: “Todo ello ha llevado a que la fiscalía de Chile presentara un escrito solicitando audiencia de formalización en contra del imputado Patricio Alarcón y para siete personas más que forman parte de este grupo pidiendo al juez de garantía que fije una audiencia para formular cargos por distintos delitos. Dentro de ellos están desórdenes públicos, maltrato animal, ofensas al pudor, daños simples, amenazas, estafas a un local comercial y todo ello con la finalidad de pedir las medidas cautelares necesarias para que estas personas dejen de realizar estas conductas”.
Patricio Alarcón, quien estará como imputado en esta querella y parte del grupo, ya está detenido y en prisión preventiva. Esto, por un robo ocurrido la madrugada de este martes en el local Lomos y Tuercas del centro de la comuna. Alarcón fue detenido por Carabineros, junto a Martín Durán. Según se supo, una llamada anónima alertó a los uniformados de un robo de un celular en las afueras de la municipalidad. La llamada considerada como “cazabobos” no consiguió su objetivo, y los carabineros pudieron percatarse del robo en el local. El botín conseguido por los delincuentes constaba de algo de dinero, un computador y botellas de alcohol.
Opiniones cruzadas en torno a la responsabilidad de la decisión de bajar el horario genera incertidumbre. Ocupación hotelera fue a la baja.
Cuando pasaron algunas horas después de Semana Santa, los gremios y autoridades sacan sus cuentas. Y algunas de ellas no son muy alegres. Uno de los mayores problemas y complicaciones que presentó la zona fueron las largas filas —y muchas horas de espera— para ingresar o salir de Chile por el paso Mamuil Malal, situación que se potenció con el temprano cierre del paso. Esto, porque desde marzo sólo se puede cruzar la cordillera hasta las 17 horas y no hasta las 20 hrs. como lo fue en verano. Y pese a los oficios de la municipalidad y al reclamo de los gremios turísticos para cambiar la disposición, el hecho es que el horario de las cinco de la tarde como tope se mantendrá por un tiempo indeterminado.
“Durante varios años se ha estado trabajando para lograr tener el paso fronterizo Mamuil Malal abierto, incluso, hasta las 12 de la noche en período de verano; de tal manera que el corredor turístico se convierta en una potente vía de ingreso y salida de turistas. Esta medida va absolutamente al contrario de todo lo que se había estado trabajando para alargar la jornada y ahora, finalmente, se restringe la jornada”, argumentó Julio Pablaza, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón.
Sobre la crisis de este fin de semana que pasó, el dirigente gremial agregó: “Este fin de Semana Santa hubo un tremendo impacto negativo al turismo. Hubo muchos turistas que no pudieron cruzar y que finalmente se quedaron en Argentina. Hubo personas que perdieron sus reservas y dejaron de visitar nuestro destino. Y no sólo se afecta a las comunas de Pucón, Curarrehue y Villarrica. Esto afecta a la región completa”.
El punto es que la municipalidad, a través del Administrador Carlos Olave, ofició al delegado presidencial, José Montalva, para que pueda gestionar un cierre más tarde. Desde la delegación presidencial señalaron que el problema del cierre está relacionado directamente a una decisión de la administración aduanera argentina y que no depende de Chile el asunto. Posición que se contrapone con lo que sostiene el mismo Olave, quien cruzó hacia Argentina el fin de semana y en el lado trasandino consultó y la respuesta, según él, es que el problema es un asunto chileno.
“Pasé y consulté en la aduana argentina y me señalaron que de parte de Chile habían determinado el horario. Eso me llama la atención y no sé quién está coordinando el cierre más temprano en este momento. Hay una contradicción porque ellos (los argentinos) se habían ajustado al horario que determinó Chile”, explicó Olave.
Baja en las visitas
Sobre el tema de la ocupación hotelera en el fin de semana santo, el presidente de la Cámara de Turismo, Julio Pablaza, sostuvo que hubo cifras dispares entre Pucón centro y el más periférico o rural. Con todo, los números no fueron buenos y las cifras fueron bajas en relación a años anteriores. Pero más allá de eso, el dirigente gremial, nuevamente, pone énfasis en los problemas que presenta el destino cuando aumenta la demanda.
“Lo importante es qué presentamos en Semana Santa. Qué logramos mostrar a nuestros turistas que llegaron. Finalmente qué tenemos: no funcionó la conificación y tuvimos tacos hasta el cruce a Curarrehue. Son dos o tres kilómetros de congestión para llegar a Pucón, sumado a lo que se demoraron en la aduana (los que venían desde Argentina). Por supuesto que las quejas fueron variadas y múltiples y no presentamos nuestra mejor cara”, sostuvo Pablaza, quien agregó: “El destino debe tener una actitud al turismo. Tiene que estar siempre un paso antes de lo que viene y ver cómo vamos a presentarnos de la mejor manera a los turistas y visitantes. Esto lo tiene que hacer el municipio y los gremios. tenemos que estar atentos a todas estas variables. Creo que quedamos al debe y aún habiendo un buen clima en Semana Santa tuvimos una baja ocupación”.
El hombre llevaba cerca de dos años en la comuna, hacía una vida normal y residía en un exclusivo condominio. Estaba condenado a más de cinco años en un caso denominado como “casa de papel chilena”. Es el cuarto caso conocido de un evadido de la justicia que es capturado en la comuna desde 2018.
Pareciera ser que de un tiempo a esta parte hay delincuentes prófugos de la justicia que tienen cierta predilección por ocultarse en Pucón.Pasó en 2018 con un CNI, en 2020 con un participante de uno de los denominados “robo del siglo”; y este verano con un connotado asesino. Y ahora, con uno de los miembros de la —motejada por los medios a raíz de la serie de Netflix española— “casa de papel chilena”. Se trata de Pablo Mallanes Calfucura, quien fue detenido la mañana de este lunes por funcionarios de la PDI, Bicrim Villarrica, en las calles de Pucón. Mallanes estaba prófugo con una condena de cinco años y un día por falsificación de billetes e infracción a la Ley de Armas.
Según los antecedentes recopilados por este medio, el hombre residía junto a su familia en un exclusivo condominio en Pucón y mantenía actividades normales dentro de la comuna. Es decir, salía de compras, de paseo y hacía deporte, entre otras cosas. Eso, hasta que llamó la atención de los investigadores de la PDI de Villarrica; quienes realizaron un seguimiento por más de cuatro meses y lograron su captura este lunes pasadas las ocho de la mañana, mientras dejaba a sus hijos en un colegio de la comuna; según señalaron testigos que a esa hora se desplazaban por el lugar y se percataron del operativo policial que se gestaba en ese momento.
El subprefecto Yerko Araya, jefe de la Bicrim Villarrica, indicó que el detenido mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, una por el delito de apropiación indebida, y las restantes por los delitos reiterados de falsificación de billetes e infracción Ley de Armas.
“Eludía la justicia manteniéndose en la clandestinidad en un domicilio de un barrio residencial exclusivo de la comuna de Pucón. Al ser detenido, además, se da cuenta a la Fiscalía de Flagrancia por el delito de Infracción a la Ley 18.290 por conducir un vehículo con licencia de conducir falsa”, sostuvo Araya.
Tal como lo señaló el oficial, al momento de su detención, Mallanes presentó una licencia de conducir falsificada, por lo que le fue agregado el cargo de falsificación de instrumento público. Así lo señala el fiscal Carlos Hoffmann, quien controló la detención del hasta hoy prófugo.
“El imputado contaba con sendas órdenes de detención y además fue sorprendido conduciendo un vehículo con una licencia para conducir falsificada a nombre de otra persona por lo que la fiscalía local de Pucón formalizó investigación por delitos tipificados en la Ley de Tránsito que dicen relación con la falsificación de la licencia y también por la usurpación de identidad, toda vez que la licencia que tenía su fotografía, tenía el nombre de otra persona con domicilio en la región metropolitana”, explicó Hoffmann, quien agregó que el juez de Pucón ordenó que Mallanes ingresara a cumplir las condenas que mantenía por más de cinco años de cárcel.
la historia de la “casa de papel chilena”
La historia del denominado caso de “la casa de papel chilena” dice que en mayo de 2018, Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas, su líder identificado como Pablo Mallanes Calfucura, por los delitos de tráfico de armas y falsificación de dinero en la región Metropolitana. Las diligencias denominadas “Operación Casa de Papel”, lograron las detenciones tras el allanamiento de varios inmuebles de las comunas de Maipú, Puente Alto, Santiago, San Bernardo y Lampa.
Allí, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm., una pistola a fogueo, una pistola calibre 40 mm. un maletín para pistola con encargo por robo, 25 cartuchos, dos cargadores y un vehículo Station Wagon con encargo por robo. Asimismo, se decomisaron más de $18 millones en efectivo, $120 mil en dinero falsificado y 64 monedas de $500 falsificadas. Además de instrumentos para la fabricación de billetes y monedas falsas como computadores, impresoras y papel de impresión.Mallanes se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno, cuando en febrero de 2021, el 5° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 5 años y un día presidio por tráfico ilegal de armas de fuego. Sin embargo, evadiendo todo control, se fugó. Eso hasta este lunes cuando fue detenido por la PDI en Pucón.