La compra de parcelas en medio de la comunidad mapuche Mariano Millahual tiene al personero de estado en la mira y, en medio de los cuestionamientos, aparece una realidad comercial que se manejó por años en oficinas de abogados, corredores, el notario, el conservador de bienes raíces y tribunales: la comercialización de tierra gravada por la Ley Indígena.

Este es el acceso principal a una de las parcelas compradas por el subsecretario Rodrigo Ubilla.

El tema se encendió en verano y explotó en La Moneda en pleno período de vacaciones. Pero la pólvora sigue activa y mientras los días pasan, el problema no tiene freno o punto final para el subsecretario de Interior Rodrigo Ubilla. La compra de dos terrenos en 2009 y otros dos en el 2012, según reveló el medio electrónico Interferencia, lo pusieron en el ojo de la tormenta. Todo esto, debido a que las parcelas que adquirió la autoridad de Gobierno, están al interior de la comunidad mapuche Mariano Millahual, en la zona de Quetroleufo a pocos minutos de Pucón.En resumen, la polémica se generó luego de los dichos de Ubilla en el diario La Tercera, en los que aludía a que la causa de algunos incendios forestales que azotaron a la región en los meses de verano estaba en el denominado “conflicto mapuche”. Posterior a sus palabras no tardaron en salir los antecedentes que apuntaban a que el subsecretario compró en terreno mapuche. Y que esas tierras, en su origen, eran indígenas. Por lo mismo, estaban grabadas con la Ley  que sólo permite la compra y venta entre miembros de la etnia.

Ahora, y más allá del tema político, la polémica ventilada en los pasillos del poder en Santiago, abrió en Pucón un debate en las oficinas de abogados, corredores de propiedades y todos, los que de alguna forma u otra, tienen que ver con el cuestionado (en el último tiempo) negocio inmobiliario en la zona. Es un hecho de la causa que en Pucón la venta de terrenos catalogados en su origen como indígenas se comercializan de alguna forma. Y si bien lo de Ubilla se conoció luego de la denuncia mediática; está lejos de ser un hecho aislado.Y no son pocos, incluyendo a la administración pública local, los que se han hecho de terrenos que estaban, originalmente, bajo gravamen indígena. Esto, en una zona muy atractiva y con alta demanda de parcelas de agrado para segunda vivienda o familias que deciden cambiar de vida y pasar del cemento santiaguino a la apacible vida de campo con ríos, lagos y montañas a minutos. No deja de ser atractiva la oferta.

Por lo mismo, se ha establecido un mercado con —por cierto— mapuches interesados en venderfrente a una demanda alta que presiona al alza los precios.

Un poco de historia jurídica

La actual Ley Nº 19.253 que promueve el fomento y desarrollo indígena (según se lee en el encabezado), establece en su artículo 12 que se entiende como “indígenas” todos los terrenos que estén en posesión de personas o comunidades de alguna de las etnias existentes en el país y que hayan sido otorgadas bajo títulos comisarios (otorgados por Ley en 1823 bajo el gobierno de Ramón Freire);de merced; cesiones gratuitas de parte del Estado y otras acotadas en el cuerpo legal. Anterior a esta Ley, promulgada bajo el gobierno de Patricio Aylwin en 1993; regía la Ley 17.729 de 1972. Esta última ponía un plazo de 20 años en el que se prohibía enajenar o vender los terrenos. La de 1993 (19.253) deja a perpetuidad ese plazo.

Según algunos juristas y estudiosos de los cuerpos legales, el espíritu de la Ley 19.523 es que el terreno indígena nunca pierda esa calidad. Pero, probablemente, la presión natural de la demanda, el interés por vender, la necesidad de recursos para invertir, o la de subsistencia; ha llevado a que los abogados encuentren salidas con cierto sustento jurídico para permitir que los negocios se lleven a cabo. Uno de ellos es la usada por quienes le vendieron a Ubilla: la liquidación de bienes en sociedad conyugal. En palabras simples, los bienes adquiridos o recibidos dentro del matrimonio de un mapuche con una no mapuche (en sociedad conyugal) pueden ser traspasados a la persona no mapuche (sea hombre o mujer) en la liquidación de la sociedady, según la jurisprudencia en los tribunales locales, esa tierra pierde su calidad de indígena porque, según se entiende en ámbito legal en Pucón, unas de las condiciones que exige la Ley es que el terreno pertenezca a un mapuche o comunidad.

“El tema de los matrimonios ‘mixtos’ no es un invento de laboratorio. De hecho, en un importante porcentaje, nuestra población proviene de mezclas entre los indígenas nativos y las distintas colonias que colonizaron primero (españoles) y los demás que  fueron recibiendo tierras del Estado (alemanes e italianos, en nuestra zona). Entonces, esto de la ‘mezcla chileno-indígena’ , es la realidad concreta aplicable desde los inicios de la colonización”, dice el abogado Edmundo Figueroa, quien medio por la parte vendedora la transacción del terreno de Ubilla.El profesional agrega: “En el caso  de matrimonios, la propia ley 19.253 (artículo 4) establece: ‘Se entenderá que la mitad de los bienes pertenecen al marido y la otra mitad a su cónyuge, a menos que conste que los terrenos han sido aportados por sólo uno de los cónyuges’”.

La casa que, según cuentan, ocupó el ex conservador de bienes raíces de Pucón, Mario Olmos.

Según Figueroa, al liquidarse la sociedad conyugal (por muerte o por convenio), si la propiedad pasa al no mapuche no se incurre en ninguna ilegalidad. Esta doctrina, por cierto, no es compartida por todos. Uno de ellos es el abogado Joaquín Bizama, quien refutó esta teoría en una columna escrita en el Diario El Austral la semana pasada. “Lo argumentado por las autoridades actuales de gobierno dista de una interpretación respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas.La posibilidad que un acto entre privados, como es la adjudicación de lo correspondiente a una cuota de la sociedad conyugal a favor de una persona no indígena, como ha sido señalado, no puede reemplazar el acto del Estado de reconocimiento de tierras indígenas. Esta situación, de ser así, exige una resolución fundada, algo más que una mera opinión”, se lee en la columna del diario regional.

En todo caso, esta no es la única fórmula. La Ley también permite, según explican algunos abogados de la plaza, la permuta(bajo un cierto marco de igualdad) y la herencia.

Jurisprudencia local

Pero más allá de lo que permite o no la Ley; La Voz… pudo comprobar que existe una cierta jurisprudencia en Pucón sobre la legalidad de estos negocios. Si bien el actual conservador de bienes raíces de Pucón, Enrique Rossel, no quiso participar en este reportaje; cercanos a su oficina cuentan que al inicio de su gestión (a principios de la década) su lógica era no inscribir terrenos mapuches a no mapuches bajo la figura legal de la liquidación de sociedades conyugales (la fórmula Ubilla); pero luego de varias revocaciones judiciales en los tribunales civiles, a Rossel no le quedó más que hacerlo. Y, por cierto, ya no se impugnan debido a que el resultado, probablemente, será el mismo de siempre: la revocación de su decisión.

El notario local, Luis Espinoza, sostiene que la Ley pone restricciones, pero también deja abierta la puerta para que las ventas se realicen. “Hay bastantes restricciones, pero la Ley deja abierta la puerta para algunas salidas. Básicamente, por ejemplo, la permuta. Si una persona, no indígena es dueño de una propiedad en Temuco, por ejemplo, puede convenir con el indígena de hacer un cambio.La idea es que la propiedad no indígena sea lo suficientemente equiparada de la indígena”, explica Espinoza, quien agrega: “(Lo de Ubilla) Es una situación muy especial. Había un matrimonio que era mixto en su origen y que, en definitiva, ese matrimonio pacta una separación total de bienes, entonces la propiedad se adjudica a una persona que no tiene apellido indígena. Y eso se entendió que hacía escapar del ámbito indígena la posesión de la propiedad”.

En todo caso, Espinoza tiene su visión particular respecto al cuerpo legal: “No hay un sistema eficiente que garantice lo que establece esta Ley.Eso genera dificultades (…) La verdad es que siempre trajo muchas dificultades”.

El tema es que para algunos promotores de estas salidas para sacar el gravamen, la actual Ley Indígena es hasta discriminatoria debido a que —según ellos— trata a los mapuches como personas de segunda categoría, ya que no se les permite hacer negocios con sus propios bienes raíces. Por cierto, el tema es tan desarrollado en la zona y en las diferentes comunidades que, según Luis Espinoza, hasta el propio ex conservador de bienes raíces de Pucón, Mario Olmos, tenía una casa en un terreno a metros que el de Ubilla. La Voz… estuvo en el lugar y al consultar a una persona que ocupaba la vivienda, ésta señaló que Olmos ya no era el dueño, ya que el propietario es otra persona no mapuche.

La pérdida del territorio

Pero hay una realidad que se debe tratar de entender, de alguna forma, bajo la cosmovisión mapuche en relación al apego de ellos con la tierra. Es probable que para la cultura occidental, los terrenos no sean más que un bien raíz disponible para ser usado de acuerdo a los intereses de cada propietario. Pero, según lo dice la historia, la tierra para el mapuche es algo más que eso. Al menos así lo explica Carlos Quiñenao, werken (vocero) de la comunidad Mariano Millahual, agrupación que mira con distancia y crítica la compra de Ubilla y de los no mapuches que han llegado a su territorio.

“Esto parte por los dichos del señor Ubilla hacia el pueblo mapuche. Sus declaraciones molestaron y con ese fin nosotros nos reunimos. Pero al mismo tiempo se destapó que el hombre tenía propiedades. Nosotros siempre lo supimos. Él era un común y corriente más. Era un vecino más”, dice Quiñenao, quien agrega:“Y eso ha pasado siempre, porque la Ley siempre la vulneraron de alguna u otra manera. Como se dice ‘se hace la Ley y se hace la trampa’”.

Quiñenao reconoce que los mapuches venden, y en el mayor de los casos lo hacen por necesidad. Y que dentro de la misma comunidad hay visiones contrapuestas sobre este tema. “La mayoría lo hace (la venta) por necesidad. Uno como mapuche, la idea no es deshacerse de su tierra o que se la quiten de alguna manera.Nosotros tenemos tradiciones ancestrales y esto no está limitando los espacios. De hecho, nosotros hemos perdido mucho espacio por culpa de esto mismo. Y eso es lo que más me molesta. Prácticamente redujeron nuestro espacio cultural a nada. Estamos apretados”, cuenta el dirigente de la comunidad.

La Voz… llegó hasta la zona y, efectivamente, es notorio como las parcelaciones han quitado espacios tradicionales a la comunidad. Carlos Quiñenao cuenta que, incluso, han tenido que arrendar terrenos a no mapuches para estacionamientos de los vehículos que llegan a la ceremonia de mayor significancia de la cultura: el nguillatún. Esto último pareciera ser una especie de afrenta para la cultura mapuche local, generada, principalmente por la pugna de intereses: por un lado, mantener la propiedad de la tierra versus, por el otro, vender y obtener recursos frescos para subsistir o invertir.

Sobre el rol de la Conadi en este tema, Quiñenao es más que crítico: “Se supone que la Conadi está para proteger esto, pero con todas las cosas que han pasado, por lo visto está haciendo lo contrario. No cumple su rol”.

Ruth Garrido, dirigente de la mesa territorial mapuche, entiende que las necesidades del pueblo mapuche debes ser cubiertas, de alguna forma, por el Estado y no por la venta de la tierra. “En términos de intereses (de los mapuches que sí quieren vender), los intereses nacen por una necesidad que es económica que es sobre cómo mantienes a tu familia y te mantienes tú. Las condiciones económicas supuestamente debieran estar en una presentación de alternativas de parte del gobierno de turno como también de quienes somos beneficiarios de este tipo de medidas.Y eso se hace a través de de una conversación y generación de nuevas alternativas, porque las deben haber”, explica Ruth Garrido, quien agrega: “Si estás en un lugar donde las actividades económicas son totalmente estacionarias, qué le queda a la gente para mantenerse el resto del año. Buscan sus alternativas. Hay una cosa que tiene que ser estructural. Debe haber propuestas de soluciones estructurales, Y en eso debiésemos aportar todos para no tener que llegar a esto”.

Sobre la posibilidad de que el gobierno de Sebastián Piñera modifique la Ley Indígena y permita la venta de los terrenos, Garrido es taxativa: “Sería un retroceso. A nosotros nos quedaría saber que en unos años más, si ya tenemos una pérdida importante, esa pérdida será aún mayor”.

¿Lo último? La comunidad Mariano Millahual recurrió a la Contraloría regional para que se pronuncie por la compra del subsecretario Ubilla.La respuesta de este organismo podría acarrear efectos no sólo en los terrenos de la autoridad de Interior, sino que en los cientos que han comprado con estas condiciones. La historia podría continuar, pero los efectos no sólo se sentirían en La Moneda.Las esquirlas también podrían alcanzar la zona rural de Pucón. La historia pareciera que continuará.