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La desconocida trama que tiene a la receptora judicial de Pucón a punto de enfrentar un juicio por falsificación
Uberlinda Campos y su hijo Marcelo Jara enfrentan una acusación que, según los querellantes, los imputan como autores de un delito para evadir la responsabilidad civil en un choque vehicular ocurrido el año 2012.
Por Rodrigo Vergara
Pero para entender esta novela que involucra a un personaje relevante del sistema judicial en Pucón (de hecho es la encargada, entre otras cosas, de las notificaciones judiciales), hay que remitirse al 28 de octubre del año 2012. Ese día, según se lee en la sentencia penal por ese hecho, Marcelo Andrés Jara Campos (hijo de Uberlinda Campos) conducía un jeep Hyundai Galloper desde Pucón hacia Villarrica. “Al llegar al kilómetro 77, sector cruce al volcán de esta comuna, perdió el control del móvil traspasando el eje central de la calzada, obstruyendo la circulación del bus de la empresa Vipuray marca Toyota”, dice el documento, el que agrega que el conductor del transporte de pasajeros guiaba su vehículo por la misma ruta, pero en sentido contrario: “Motivo por el cual éste (el conductor del bus), en emergencia, realizó una maniobra evasiva hacia la izquierda, encontrándose nuevamente con el vehículo conducido por el imputado (Jara), quien había ingresado a su pista colisionando ambos móviles de manera frontal”.
La sentencia acota que Marcelo Jara Campos conducía el Galloper en estado de ebriedad y que, producto del impacto, los pasajeros terminaron con diferentes tipos de lesiones que iban de leves a graves. Por lo mismo, el tribunal decidió condenar a Jara Campos como autor del delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves. El juez le asignó una pena de 301 día de presidio menor en su grado mínimo y las accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la pena. En todo caso, se le otorgó el beneficio de remisión condicional. Es decir, cumpliría en libertad.
Pero luego de eso, alguien debía pagar los daños del bus. Al menos eso creía el dueño del transporte público, Gabriel Artemio Matus Hernández, quien se propuso recuperar su herramienta de trabajo. Por lo mismo, ingresó una demanda en la que cifraba los daños del transporte público en $21 millones. Era una pérdida total, ya que si bien se podía reparar el vehículo, el arreglo le imposibilitaba técnicamente acceder a los permisos del ministerio de Transportes para activar como un móvil de pasajeros. Y es en esta parte de la historia que las cosas comienza a complicarse.
Así, por cierto, queda establecido en la querella que el propio Gabriel Matus ingresa en contra de Uberlinda Campos y el hijo de ésta, Marcelo Jara. Según Matus, la receptora judicial falsificó un documento que buscaba acreditar que el vehículo ya no estaba a nombre de ella, sino que al del hijo, Marcelo. La idea, según la querella, era hacer caer la responsabilidad civil (en rigor el pago de los daños) en el joven, quien no tenía mayores bienes, y no en la madre que poseía un patrimonio económico mayor y podía responder al requerimiento económico. Para entender el problema hay que aclarar que en el ámbito civil (indemnizaciones) en este tipo de casos, la responsabilidad no es sólo del que conduce, sino que también del propietario del vehículo.
Así se lee en la querella de Matus: “Que durante el año 2013, en la ciudad de Talagante, doña Uberlinda del Rosario Campos Sandoval, receptora judicial del Juzgado de Letras de Pucón, domiciliada en el sector Molco, comuna de Villarrica; y don Marcelo Andrés Jara Campos, licenciado en Derecho y del mismo domicilio anterior, aparecen firmando un contrato de compraventa fechado el 23 de marzo de 2012, ante doña María Eugenia Le-Bert Echeritogaray, notario público titular de Talagante”.
El documento aclara que el documento Uberlinda Campos aparece vendiendo el Galloper del choque a Marcelo Jara. El problema es que, según la querella, el documento de compraventa fue confeccionado en 2013, pero fechado en marzo de 2012. Es decir siete meses antes del choque con el Vipuray
La querella entrega más detalles de lo que los acusadores consideran un contrato ideológicamente falso. “No es verdad que el 23 de marzo se haya firmado este contrato y menos ante la notaria de Talagante. Tampoco es verdad que dicho contrato se haya firmado ante doña María Eugenia Le-Bert Echeritogaray y que ésta haya autorizado las firmas de los contratantes; en resumen este contrato no existía al 23 de marzo de 2012”, se lee en el documento, el que en el párrafo siguiente agrega: “Existe un cúmulo de antecedentes calificados que permiten presumir que este contrato de compraventa constituye un ardid destinado a enervar la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta contra doña Uberlinda Campos Sandoval y, por consecuencia, burlar la acción de indemnización intentada en sede civil contra doña Uberlinda Campos Sandoval”.
Es más, la querella, patrocinada por el abogado Alexis Gómez, también apunta a que el documento de compraventa también es materialmente falso, ya que —según ellos— se fingió la firma de la notaria y que, además, el timbre usado en el cuestionado documento estaba inutilizado desde 2008 y denunciado como parte de un robo realizado a la notaría de Talagante.
El juicio civil, por cierto, se perdió porque, según, la parte querellante la Corte de Apelaciones consideró que los hechos (la cuantía de los daños y los daños mismos) no estuvieron lo suficientemente probados. Según ellos, el documento de compraventa también incidió. La versión de la misma receptora judicial en conversación con La Voz…, apunta a que nunca se probó que Marcelo Jara sea el culpable directo de la colisión.
Ministerio Público
La tesis de los querellantes en el caso de la presunta falsificación fue acogida por el Ministerio Público, y fue el fiscal de Villarrica José Manuel Ramírez, quien decidió formalizar cargos a Uberlinda Campos y Marcelo Jara. Y el persecutor fue más allá y apuntó a un juicio oral que, finalmente, será realizado a partir del 18 de octubre en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Villarrica. La acusación presentada por el fiscal Ramírez refrenda lo fundamental de la querella de Matus.
“Con fecha 4 de marzo de 2015, en autos caratulados ‘Matus con Campos y otros’, Rol C 667-2012, seguidos ante el Juzgado de Letras y Familia de Villarrica, la abogado María Cristina Pavez Lillo, representante de la demandada en dicha causa, la imputada Uberlinda del Rosario Campos Sandoval, presentó en dicho proceso, en parte de prueba, el documento titulado ‘compraventa de vehículo motorizado’, de fecha 23 de marzo del 2012, supuestamente suscrito por la imputada Campos Sandoval y el también imputado Marcelo Andrés Jara Campos, ante la Notario Público de Talagante doña María Eugenia Le- Bert Acheritogaray. Dicho documento es falso, no habiendo sido suscrito por la notario referida y la firma estampada en el mismo como suya, resulta ser una imitación de la misma”, se lee en la acusación de la fiscalía, la que concluye: “En la confección de dicho documento falso los imputados Uberlinda Campos Sandoval y Marcelo Jara Campos, han participado directamente estampando sus firmas y huellas digitales, habiendo luego la imputada Campos Sandoval, entregado dicho documento a la abogado Pavez Lillo para su presentación al Tribunal referido”.
La fiscalía pide para Uberlinda Campos la pena de tres años y un día años por la falsificación de instrumento público y de 541 días por la presentación del documento considerado por el persecutor como falso en un juicio civil. El hijo de la receptora, Marcelo Jara, también arriesga tres años y un día por la falsificación del documento.
Pero este juicio oral debió realizarse antes. El punto es que fue suspendido por un vicio formal que era que el juez de garantía que debía subir el documento de apertura al TOP no incluyó algunos hechos relevantes. “El tribunal estimó que había una situación donde se podía producir un vicio de nulidad por cuanto el auto de apertura que originalmente había sido enviado por el juez de garantía omitía algunos aspectos vinculados al hecho de la acusación”, explicó el fiscal Ramírez.
El persecutor también se refirió a la condición de la acusada como parte del sistema auxiliar del Poder Judicial. Según él, no existen mayores complicaciones o aprehensiones por esta condición: “Eso es un aspecto que, estimamos, no es relevante por lo menos desde el punto de vista de la fiscalía no tiene relevancia alguna. Nosotros actuamos en base a los antecedentes que reunimos sin considerar de qué posición puedan ocupar algunos imputados. también confiamos que dentro de la esfera del Poder Judicial sea un elemento que vaya a ser relevante”.
La defensa de la receptora
Uberlinda Campos no tuvo inconvenientes en recibir a La Voz…, y explicar la visión que ella tiene de los hechos. Respondió con tranquilidad las consultas de este medio. Sobre el hecho que origina el juicio, la supuesta falsificación del documento, la mujer lo niega totalmente. Dice que el documento es correcto en forma y fondo y que fue firmado en Talagante la fecha que se indica. “Es una promesa de venta que yo hice a mi hijo que en ese momento trabaja conmigo. Entonces ese vehículo lo iba a vender y él me dijo que lo vendiera a él y yo decidí venderlo. Estábamos en Santiago a la titulación de mi hijo Rodrigo y estando allá nos invitaron a almorzar. Me llamó un amigo que es vendedor y nos invitó a Talagante a almorzar. Y allá nos dijo ‘bueno, por qué no lo hacemos, tu primer contrato Rodrigo. Por qué no lo hacemos acá como abogado’. Él lo hizo en su computador y la notaría estaba a media cuadra de donde estábamos almorzando”, recuerda Uberlinda Campos.
Sobre la acusación de falsedad del documento, la receptora lo niega tajantemente y agrega que si la notaría de Talagante dice que la firma que autorizaba era falsa, “es un problema de la notaría de allá”.
Según ella, incluso, la acusación fiscal tiene un problema de fondo, ya que considera que el hecho que se le imputa no es una falsificación de instrumento público, sino que uno privado, ya que es un documento entre privados: “No es un instrumento público, es un instrumento privado entre mi hijo y yo. No causamos daño ni nada. Ese contrato estaba hecho un año antes (del choque)”.
Argumenta en la misma línea para explicar el por qué el Poder Judicial no le ha abierto una investigación sumaria por el tema. “Si yo hubiese falsificado una firma o alguna cosa en mi calidad de ministro de fe ahí podría haber sumario, pero esto es un juicio aparte que no tiene nada que ver con mi oficio”, explica.
Uberlinda Campos tiene dos causas anteriores como receptora. Al menos eso arroja el sistema. Una en 2004 en la que se le otorgó una suspensión condicional del procedimiento y otra de 208 en la que la fiscalía no perseveró. En esta última aún no ha sido sobreseída totalmente. Ambas causas, eso sí, son en el contexto del ejercicio de su actividad como receptora judicial.
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Fiscalía y municipalidad de Pucón inician arremetida judicial en contra de la denominada “banda del chivo”
El jefe local del Ministerio Público local, Jorge Calderara, pidió audiencia para formalizar cargos a ocho personas, quienes han sido denunciadas por actos reñidos con la moral realizados en las calles del casco histórico de la comuna. Uno de ellos ya está en prisión preventiva por un robo cometido en la madrugada de este martes en un local del centro.
La verdad es que han sido noticia, prácticamente, durante todo el verano. Denuncias por ataques en restaurantes, acciones que ofenden la moral (como defecar y tener sexo en la calle) y, últimamente, maltrato animal por los eventuales daños en contra de un chivo que pasean en un carro de supermercado y un perro que pintaron con spray. Se trata del grupo de indigentes que pernoctan y deambula en calles y sitios céntricos de Pucón. Y en las últimas semanas se han gestado una serie de movimientos a nivel de tribunales con el objetivo de plantear alguna solución para este grupo (la “banda del chivo” por el caprino que poseen) del que se han quejado turistas, comerciantes, vecinos y autoridades. Y esto pasa, inicialmente, por una querella que puso la municipalidad por maltrato animal y ofensas al pudor. Pero no es lo único el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, anunció que solicitó una audiencia de formalización de cargos por los mismos delitos en contra de ocho personas. Es decir, prácticamente, la totalidad de la banda. También la concejala Verónica Castillo ya había realizado una denuncia en Carabineros a mediados de marzo.
“Es un grupo de personas que durante los meses de enero, febrero y marzo se han dedicado a realizar desórdenes públicos en distintos puntos de nuestra comuna. Estas personas que se denominan en situación de calle y que han sido vistas por muchas personas realizando conductas ofensivas, ya sea orinando o defecando en presencia de todas las personas que transitan por el sector céntrico de Pucón dañando algunos locales comerciales o recintos bancarios y llevando entre ellos animales que han maltratado, entre ellos un animal caprino y un perro y efectuando distintas conductas como el amenazar a algunos transeúntes”, sostuvo Calderara.
El abogado persecutor agregó: “Todo ello ha llevado a que la fiscalía de Chile presentara un escrito solicitando audiencia de formalización en contra del imputado Patricio Alarcón y para siete personas más que forman parte de este grupo pidiendo al juez de garantía que fije una audiencia para formular cargos por distintos delitos. Dentro de ellos están desórdenes públicos, maltrato animal, ofensas al pudor, daños simples, amenazas, estafas a un local comercial y todo ello con la finalidad de pedir las medidas cautelares necesarias para que estas personas dejen de realizar estas conductas”.
Patricio Alarcón, quien estará como imputado en esta querella y parte del grupo, ya está detenido y en prisión preventiva. Esto, por un robo ocurrido la madrugada de este martes en el local Lomos y Tuercas del centro de la comuna. Alarcón fue detenido por Carabineros, junto a Martín Durán. Según se supo, una llamada anónima alertó a los uniformados de un robo de un celular en las afueras de la municipalidad. La llamada considerada como “cazabobos” no consiguió su objetivo, y los carabineros pudieron percatarse del robo en el local. El botín conseguido por los delincuentes constaba de algo de dinero, un computador y botellas de alcohol.
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Largas esperas en paso Mamuil Malal marcan Semana Santa en la zona: cierre a las 17 hrs. es todo un problema
Opiniones cruzadas en torno a la responsabilidad de la decisión de bajar el horario genera incertidumbre. Ocupación hotelera fue a la baja.
Cuando pasaron algunas horas después de Semana Santa, los gremios y autoridades sacan sus cuentas. Y algunas de ellas no son muy alegres. Uno de los mayores problemas y complicaciones que presentó la zona fueron las largas filas —y muchas horas de espera— para ingresar o salir de Chile por el paso Mamuil Malal, situación que se potenció con el temprano cierre del paso. Esto, porque desde marzo sólo se puede cruzar la cordillera hasta las 17 horas y no hasta las 20 hrs. como lo fue en verano. Y pese a los oficios de la municipalidad y al reclamo de los gremios turísticos para cambiar la disposición, el hecho es que el horario de las cinco de la tarde como tope se mantendrá por un tiempo indeterminado.
“Durante varios años se ha estado trabajando para lograr tener el paso fronterizo Mamuil Malal abierto, incluso, hasta las 12 de la noche en período de verano; de tal manera que el corredor turístico se convierta en una potente vía de ingreso y salida de turistas. Esta medida va absolutamente al contrario de todo lo que se había estado trabajando para alargar la jornada y ahora, finalmente, se restringe la jornada”, argumentó Julio Pablaza, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón.
Sobre la crisis de este fin de semana que pasó, el dirigente gremial agregó: “Este fin de Semana Santa hubo un tremendo impacto negativo al turismo. Hubo muchos turistas que no pudieron cruzar y que finalmente se quedaron en Argentina. Hubo personas que perdieron sus reservas y dejaron de visitar nuestro destino. Y no sólo se afecta a las comunas de Pucón, Curarrehue y Villarrica. Esto afecta a la región completa”.
El punto es que la municipalidad, a través del Administrador Carlos Olave, ofició al delegado presidencial, José Montalva, para que pueda gestionar un cierre más tarde. Desde la delegación presidencial señalaron que el problema del cierre está relacionado directamente a una decisión de la administración aduanera argentina y que no depende de Chile el asunto. Posición que se contrapone con lo que sostiene el mismo Olave, quien cruzó hacia Argentina el fin de semana y en el lado trasandino consultó y la respuesta, según él, es que el problema es un asunto chileno.
“Pasé y consulté en la aduana argentina y me señalaron que de parte de Chile habían determinado el horario. Eso me llama la atención y no sé quién está coordinando el cierre más temprano en este momento. Hay una contradicción porque ellos (los argentinos) se habían ajustado al horario que determinó Chile”, explicó Olave.
Baja en las visitas
Sobre el tema de la ocupación hotelera en el fin de semana santo, el presidente de la Cámara de Turismo, Julio Pablaza, sostuvo que hubo cifras dispares entre Pucón centro y el más periférico o rural. Con todo, los números no fueron buenos y las cifras fueron bajas en relación a años anteriores. Pero más allá de eso, el dirigente gremial, nuevamente, pone énfasis en los problemas que presenta el destino cuando aumenta la demanda.
“Lo importante es qué presentamos en Semana Santa. Qué logramos mostrar a nuestros turistas que llegaron. Finalmente qué tenemos: no funcionó la conificación y tuvimos tacos hasta el cruce a Curarrehue. Son dos o tres kilómetros de congestión para llegar a Pucón, sumado a lo que se demoraron en la aduana (los que venían desde Argentina). Por supuesto que las quejas fueron variadas y múltiples y no presentamos nuestra mejor cara”, sostuvo Pablaza, quien agregó: “El destino debe tener una actitud al turismo. Tiene que estar siempre un paso antes de lo que viene y ver cómo vamos a presentarnos de la mejor manera a los turistas y visitantes. Esto lo tiene que hacer el municipio y los gremios. tenemos que estar atentos a todas estas variables. Creo que quedamos al debe y aún habiendo un buen clima en Semana Santa tuvimos una baja ocupación”.
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Historia repetida en Pucón: PDI captura a prófugo que era buscado por falsificación de dinero e infracción a la Ley de Armas
El hombre llevaba cerca de dos años en la comuna, hacía una vida normal y residía en un exclusivo condominio. Estaba condenado a más de cinco años en un caso denominado como “casa de papel chilena”. Es el cuarto caso conocido de un evadido de la justicia que es capturado en la comuna desde 2018.
Pareciera ser que de un tiempo a esta parte hay delincuentes prófugos de la justicia que tienen cierta predilección por ocultarse en Pucón. Pasó en 2018 con un CNI, en 2020 con un participante de uno de los denominados “robo del siglo”; y este verano con un connotado asesino. Y ahora, con uno de los miembros de la —motejada por los medios a raíz de la serie de Netflix española— “casa de papel chilena”. Se trata de Pablo Mallanes Calfucura, quien fue detenido la mañana de este lunes por funcionarios de la PDI, Bicrim Villarrica, en las calles de Pucón. Mallanes estaba prófugo con una condena de cinco años y un día por falsificación de billetes e infracción a la Ley de Armas.
Según los antecedentes recopilados por este medio, el hombre residía junto a su familia en un exclusivo condominio en Pucón y mantenía actividades normales dentro de la comuna. Es decir, salía de compras, de paseo y hacía deporte, entre otras cosas. Eso, hasta que llamó la atención de los investigadores de la PDI de Villarrica; quienes realizaron un seguimiento por más de cuatro meses y lograron su captura este lunes pasadas las ocho de la mañana, mientras dejaba a sus hijos en un colegio de la comuna; según señalaron testigos que a esa hora se desplazaban por el lugar y se percataron del operativo policial que se gestaba en ese momento.
El subprefecto Yerko Araya, jefe de la Bicrim Villarrica, indicó que el detenido mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, una por el delito de apropiación indebida, y las restantes por los delitos reiterados de falsificación de billetes e infracción Ley de Armas.
“Eludía la justicia manteniéndose en la clandestinidad en un domicilio de un barrio residencial exclusivo de la comuna de Pucón. Al ser detenido, además, se da cuenta a la Fiscalía de Flagrancia por el delito de Infracción a la Ley 18.290 por conducir un vehículo con licencia de conducir falsa”, sostuvo Araya.
Tal como lo señaló el oficial, al momento de su detención, Mallanes presentó una licencia de conducir falsificada, por lo que le fue agregado el cargo de falsificación de instrumento público. Así lo señala el fiscal Carlos Hoffmann, quien controló la detención del hasta hoy prófugo.
“El imputado contaba con sendas órdenes de detención y además fue sorprendido conduciendo un vehículo con una licencia para conducir falsificada a nombre de otra persona por lo que la fiscalía local de Pucón formalizó investigación por delitos tipificados en la Ley de Tránsito que dicen relación con la falsificación de la licencia y también por la usurpación de identidad, toda vez que la licencia que tenía su fotografía, tenía el nombre de otra persona con domicilio en la región metropolitana”, explicó Hoffmann, quien agregó que el juez de Pucón ordenó que Mallanes ingresara a cumplir las condenas que mantenía por más de cinco años de cárcel.
la historia de la “casa de papel chilena”
La historia del denominado caso de “la casa de papel chilena” dice que en mayo de 2018, Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas, su líder identificado como Pablo Mallanes Calfucura, por los delitos de tráfico de armas y falsificación de dinero en la región Metropolitana. Las diligencias denominadas “Operación Casa de Papel”, lograron las detenciones tras el allanamiento de varios inmuebles de las comunas de Maipú, Puente Alto, Santiago, San Bernardo y Lampa.
Allí, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm., una pistola a fogueo, una pistola calibre 40 mm. un maletín para pistola con encargo por robo, 25 cartuchos, dos cargadores y un vehículo Station Wagon con encargo por robo. Asimismo, se decomisaron más de $18 millones en efectivo, $120 mil en dinero falsificado y 64 monedas de $500 falsificadas. Además de instrumentos para la fabricación de billetes y monedas falsas como computadores, impresoras y papel de impresión.Mallanes se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno, cuando en febrero de 2021, el 5° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 5 años y un día presidio por tráfico ilegal de armas de fuego. Sin embargo, evadiendo todo control, se fugó. Eso hasta este lunes cuando fue detenido por la PDI en Pucón.
